En lo que concierne a nuestro país, al recientemente designado embajador paraguayo en Washington DC, Gustavo Leite, le costará amortiguar el contundente “Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024”, emitido por el Departamento de Estado norteamericano: en lo que a ellos atañe, la situación “no mejoró significativamente” con relación al año anterior, según el reporte publicado el último 12 de agosto. Contrariando quizá las expectativas de Santiago Peña, que pidió el retiro del último embajador estadounidense debido al parecer a las sanciones impuestas por el Gobierno de Joe Biden a firmas del designado “significativamente corrupto” Horacio Cartes, el de Donald Trump evidentemente conserva la pésima impresión que tuvo el anterior sobre el estado de los derechos humanos en el Paraguay.
El extenso catálogo de prácticas reprochables incluye la tortura, un crimen de lesa humanidad cuya persecución penal es imprescriptible, según nuestra propia ley suprema. Entre enero y agosto del año pasado, el Ministerio Público habría abierto 124 pesquisas, tras denuncias al respecto, sin que nadie haya sido condenado, lo que no sorprende porque dicho organismo descuella por su displicencia, al igual que la judicatura; a tanto llega la dilación que, como se lee en el informe, siguen sin ser resueltos casos ocurridos bajo la dictadura.
Dada la triste experiencia, es comprensible que el reporte señale la corrupción judicial; bien se sabe que el prevaricato, probablemente a cambio de recompensas, es usual: se compran y se venden sentencias, hasta el punto de que hay jueces y fiscales –aún impunes– que colaboraron con el condenado por usura Ramón González Daher, que también cometió los delitos de lavado de dinero, denuncia falsa, extorsión y reducción. Según el informe referido, también es frecuente la corrupción policial, pues se liberaría a detenidos a cambio de un soborno, a lo que se suman el uso excesivo de la fuerza y los arrestos arbitrarios por parte de las fuerzas del orden.
Tampoco asombra leer que policías, militares y políticos de alto nivel gozan de impunidad, en un país donde el principio de igualdad ante las leyes es letra muerta. Las leyes penales serían empleadas por el oficialismo para intimidar a periodistas que se ocupan del abuso del poder y de la corrupción, a lo que agrega que también son amenazados por grupos criminales.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Departamento de Estado norteamericano expresa que raras veces se investigan o sancionan violaciones a los derechos laborales, quizá, cabría señalar, porque el Ministerio competente no es inmune al soborno. También destaca que el 63% de los trabajadores no agrícolas carece de cobertura legal por operar en la economía informal. Con buen tino, apunta además al Congreso por pretender intimidar a la prensa y a organizaciones no gubernamentales (ONG) mediante comisiones de investigación, una de las cuales –ironía del destino– fue integrada por Gustavo Leite, quien recientemente asumió como embajador de nuestro país ante el país del norte. Con toda razón, el reporte dice que documentos de ONG fueron filtrados y manipulados en redes sociales para probar la supuesta corrupción imperante en ellas.
En síntesis, la falta de avances importantes en materia de derechos humanos, bajo el actual Gobierno, reflejaría “problemas sistémicos”, mientras aumenta la presión política sobre la prensa y la sociedad civil. En otras palabras, la violación de los derechos humanos está generalizada y el autoritarismo avanza, lo que resulta muy inquietante.
El reporte no alude a la inserción mafiosa en las instituciones, pero el encargado de negocios interino de la embajada norteamericana, Robert Alter, declaró que ella busca reforzar aún más la cooperación contra la criminalidad organizada y el narcotráfico, para que los involucrados sufran una condena judicial firme.
Es deseable que Santiago Peña tome en serio este informe y que no trate de tapar el sol con el dedo. En el ámbito de su competencia, tiene al menos el deber de impedir, entre otras infamias, que se persiga tanto a periodistas como a organizaciones sociales. Como es obvio, también el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen mucho que hacer en cuanto a la vigencia efectiva de los derechos humanos, como bien lo sabe la ciudadanía, sin necesidad de ser informada por un Gobierno extranjero.
Resta esperar ahora que los cartistas a ultranza no tengan el descaro de afirmar que el reporte implicó una grosera intervención en nuestros asuntos internos. Por de pronto, uno de ellos –el senador Dionisio Amarilla (PLRA, cartista)– no se siente preocupado ni estresado: “Esperen el informe una vez que asume Donald Trump”, dijo muy suelto de cuerpo. Y bien, subió al Gobierno el 20 de enero de 2025 y el reporte fue difundido hace unos días. Pero, sea el Gobierno del mandatario que sea el que emita el informe, las autoridades paraguayas, en vez de querer desmarcarse del mismo, deberían preocuparse seriamente por corregir las cosas que están mal en el país. Pero parece que este no es el camino que les interesa a los gobernantes de turno.