La intervención de los municipios de Asunción y Ciudad del Este tenía un desenlace cantado antes de iniciarse. El veredicto ya estaba establecido por el cartismo y la destitución de Miguel Prieto, un “monstruo” al que dejaron crecer, según el propio interventor Ramón Ramírez, era a todas luces el principal objetivo, sea culpable o no de mala administración.
Esta línea de acción ya fue anticipada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, cuando en una entrevista condicionó un eventual apoyo a la intervención de la Municipalidad de Asunción, plagada de denuncias de presunta corrupción en la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), con una medida similar a la gestión de Miguel Prieto (Yo Creo) en Ciudad del Este.
Dicho y hecho, meses después se consumó el objetivo y ambos municipios fueron sometidos a intervención. La Municipalidad de Asunción, capitaneada por Rodríguez, ya estaba al borde del naufragio con deudas multimillonarias y dinero público cuyo destino no podía explicarse, al punto de que el propio Ministerio Público en una ocasión llegó a imputar por asociación criminal al jefe comunal. No obstante, Nenecho seguía presumiendo del apoyo incondicional del cartismo y de que “no le soltarían la mano”.
Esto marcaría una contundente diferencia con Prieto, quien no solo es un líder opositor, sino que había destronado el feudo colorado reinante en la capital esteña tras más de seis décadas, por lo que recuperar la hegemonía de la segunda ciudad más importante del país constituía una prioridad, además de evitar que un temido líder emergente siga consolidando una fuerza -que siguiera creciendo el “monstruo”- que podría ser determinante en las próximas elecciones.
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Sin embargo, lo evidente era disimulado bajo las apariencias formales de la intervención, la cual concluyó esta semana, y por supuesto, también la “muerte anunciada” de Miguel Prieto tras una aplanadora sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, pese a que la bancada opositora pidió la postergación del tratamiento del informe remitido por el interventor Ramón Ramírez, luego de que se hayan filtrado unos audios en los que el mismo supuestamente aseguraba haber recibido “ayuda” de funcionarios de la Contraloría General de la República para “armar” el informe en contra de la gestión del intendente esteño.
Entre los audios filtrados, se escucha a quien presuntamente sería el interventor Ramón Ramírez decir que él debía “matar” al “monstruo” que se llama Miguel Prieto con su informe técnico, porque quienes lo dejaron crecer no podían hacerlo a nivel político.
Sin embargo, lo que en cualquier país garante de su democracia hubiera constituido un escándalo nacional, en Paraguay pretende ser ignorado. Al respecto, el interventor reconoció que es él quien habla en los audios filtrados, pero denunció que su oficina fue violentada permitiendo un espionaje.
Sin embargo, el Ministerio Público, lejos de iniciar una investigación por aparentes hechos de corrupción que a tenor de los audios filtrados indicarían un informe “a medida”, realizó varios allanamientos para determinar quiénes habrían instalado equipos de escucha en las oficinas del municipio esteño, más interesado evidentemente en determinar la identidad de quienes realizaron la instalación que en la posible contaminación del documento final del interventor.
En efecto, de comprobarse la veracidad de los audios filtrados, todo haría suponer que el informe pudo haber sido desnaturalizado y direccionado a la destitución, tal vez con la participación de importantes instituciones para la República como la Contraloría General. Lo cual no solo constituiría un avasallamiento más a la voluntad popular, como lo ocurrido en el caso de la arbitraria destitución de la exsenadora Kattya González, sino el sometimiento al poder político de instituciones que otrora funcionaban como contraloras del poder y base del equilibrio que consagra la Constitución Nacional.
Sin estos elementos, no podemos hablar de la existencia de un Estado de Derecho, mucho menos de una democracia. Cuando los procesos están condenados de antemano a ser infructuosos y son solamente la fachada de la impunidad, podemos tener la certeza de que estamos en la antesala de una nueva dictadura en Paraguay.