Con suma frecuencia, los sindicatos de docentes y directores de la educación pública realizan huelgas y salen a las calles para exigir mejoras salariales, en primer lugar. Lo han vuelto a hacer en todo el país por dos días, reclamando también el pago del escalafón y más cargos presupuestados para el próximo año, tras el fracaso de un acuerdo con las autoridades educativas, que solo habrían aceptado invertir nueve millones de dólares en el escalafón docente, para retribuir los ascensos.
El problema esencial en esta materia de vital importancia radicaría, pues, en la insuficiencia de fondos públicos, aunque la ley suprema diga que los recursos que el Presupuesto nacional destine a la educación no deben ser inferiores al 20% del total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) destina actualmente el 92% de su Presupuesto al pago de sueldos, llegando a unos 1.289 millones de dólares, lo que supone un aumento del 7% con respecto al año pasado, muy por debajo del aumento presupuestario del 47% que recibió, por ejemplo, la Presidencia de la República. La suma otorgada equivale al 3,3% del producto interno bruto, un porcentaje inferior al promedio mundial del 3,7% y ni qué decir al 7% sugerido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Claro que sería plausible que se invierta más dinero en la infraestructura y el equipamiento, pero también que se elimine la corrupción y se atenúe la carga burocrática. A estas alturas, no sorprende que los docentes demanden en primer lugar un reajuste salarial, aunque entre 2018 y 2023 su salario básico profesional haya tenido un aumento mayor que el salario mínimo legal. Según el Banco Central, al cierre de 2023, un maestro de grado ganaba 3.650.202 guaraníes mensuales por cuatro horas diarias de clase, en tanto que un empleado cobraba G. 2.680.373. El ministro Luis Ramírez, según el cual más de 38.000 maestros ganan más de ocho millones de guaraníes al mes, afirmó que los tres sindicatos rechazaron que la referencia para el reajuste salarial sea el índice inflacionario del citado banco, tal como ya se habría convenido: modificar lo acordado “es absolutamente imposible”, dijo. En otras palabras, los huelguistas, que dañan en primer lugar a sus alumnos, pretendían un incremento salarial y no un mero reajuste.
Por lo demás, los docentes rechazan que la edad mínima para su jubilación sea elevada a 60 años o más, salvo que sea igual para todos: hoy pueden alcanzarla con 28 años de antigüedad en forma ordinaria y con 25 en forma extraordinaria. Habrían logrado que se discuta la instalación de una “mesa” al respecto y que el Gobierno trate con ellos la crítica situación de la reforma de la Caja Fiscal, en la que también incide la jubilación privilegiada del magisterio, ya que es financieramente insostenible que tengan el privilegio de retirarse a los 45 o 47 años de edad.
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Surge el interrogante de si la calidad educativa dejaría de ser tan lamentable si las remuneraciones de los docentes aumentaran y las instalaciones, así como el mobiliario de los centros de enseñanza, fueran mejoradas. Y bien, parece improbable que ello ocurra, mientras la formación de los educadores siga siendo paupérrima, según se desprende de los periódicos exámenes de evaluación y de un reciente examen que el MEC realizó para juzgar la aptitud de docentes que deseaban enseñar en los niveles inicial, básico y medio: lo aprobó solo el 29%.
Aunque a estas alturas ya no haría falta recordar los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), que una y otra vez constatan la miseria pedagógica de nuestro país, vale apuntar que en 2022, siete de cada diez alumnos no comprendían lo leído y que nueve de cada diez eran incapaces de resolver problemas matemáticos básicos. Un estudio publicado en septiembre de 2024 por el Banco Interamericano de Desarrollo, con base en el último informe de PISA, reveló que el Paraguay tenía un atraso educativo de ocho años, en comparación con otros países de la región, en cuanto a logros educativos y habilidades adquiridas. Así, doce años de escolaridad equivaldrían a cuatro en otros países.
Los docentes no parecen tomar nota de esta gravísima problemática. Deberían preguntarse si no les cabe una cuota de responsabilidad en este drama que afecta, sobre todo, a los alumnos de hogares de bajos ingresos, privándoles de la igualdad de oportunidades para el día de mañana. No es mucho pedir que traten de capacitarse, incluso por amor propio. No todo es cuestión de dinero, ya que también importa la vocación de servicio, es decir, el sincero amor al magisterio.
Por lo demás, los educadores, que ya levantaron su medida de fuerza, deberían intentar responder un par preguntas del ministro: “¿Quién defiende a los niños? ¿Y el derecho del niño? ¿Y el derecho de esos niños que hoy no están en las escuelas? ¿Cuándo les vamos a defender?” Él mismo no recuerda una manifestación callejera en la que se haya exigido que los niños aprendan. El propio Ministerio, nada ajeno al prebendarismo político-partidario, que sigue atentando contra el futuro de las nuevas generaciones, debe hacer también un mea culpa.