El informe presentado la semana pasada por el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, evidenció documentalmente lo que ya se sabía a voces, que Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), hoy exintendente municipal, había presuntamente destruido la Municipalidad de Asunción.
La intervención, que duró dos meses, recogió como resultado serias falencias administrativas y financieras, además de irregularidades penalmente relevantes, que se enmarcarían en varios hechos punibles, ya comunicados al Ministerio Público por Pereira, y que engrosarían el prontuario de Nenecho Rodríguez, ya imputado por presunta asociación criminal.
El lapidario informe de la intervención realizada fue presentado, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución Nacional y la Ley 317/94, al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, el que, según el artículo 8 de la Ley 317, debe remitir INMEDIATAMENTE a la Cámara de Diputados. Sin embargo, contrastando con la celeridad con que se procedió en el caso del exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto (Yo Creo), el Poder Ejecutivo no envió aún al Congreso el informe del interventor Pereira, sobre el que el ministro del Interior, Enrique Riera (ANR, cartista), informó que ya lo envió al presidente Santiago Peña, quien, por alguna razón lo tiene en su poder y tampoco puso a disposición de la ciudadanía en general, y de los asuncenos en especial.
Es decir, hasta hoy nadie pudo acceder a los escalofriantes hallazgos de la intervención de una de las peores administraciones de la historia del Paraguay, pese a que la Ley 5282/14 de “Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” conmina a las instituciones del Estado a habilitar el acceso a la información por parte de la ciudadanía de toda documentación que repose en poder del Estado, siendo la misma fuente pública y más aún cuando se confirmó el hallazgo de los posibles hechos punibles, presuntamente cometidos por el exintendente en detrimento del erario de los contribuyentes.
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Debe recordarse que dos días antes de la presentación del informe al Ministerio del Interior, el interventor adelantó a la prensa que además de las observaciones que había hecho la Contraloría General de la República en relación al desvío de bonos durante la desastrosa administración de Nenecho, él había detectado otras irregularidades más, las cuales constituyen hechos gravísimos como “alteración al sistema informático”, que permitía, aparentemente, cobrar tributos diez veces por debajo del valor correspondiente, descendiendo cifras de más de mil millones a 90 millones, con lo cual necesariamente tuvo que intervenir alguna rosca mafiosa dentro del municipio para semejantes presuntos actos de corrupción que deben ser esclarecidos con prontitud por el Ministerio Público, que es de esperar deje de lado su modorra, para tranquilidad de la ciudadanía.
Entre otros presuntos delitos hallados y dados a conocer por el interventor, también se encuentra la falsificación de planos. Este voluminoso informe no puede permanecer oculto bajo el escritorio de Santiago Peña ni un día más. Caso contrario, estaría violando no solo la Ley 5282/14 sino el artículo 28 de la Constitución Nacional que garantiza a la ciudadanía el derecho de acceder a información de interés público.
La situación da para pensar que, en un aparente propósito de impunidad, Nenecho presentó su renuncia ante la inminencia de su destitución, expresando con total caradurez que prefería renunciar a “darle el gusto” a la oposición de destituirlo, e impedir de este modo unas nuevas elecciones ya que, en caso de renuncia, el procedimiento para el sucesor se rige por la Ley Orgánica Municipal No. 6564, y su mandato es concluido por un miembro de la Junta Municipal que resultare electo por mayoría absoluta.
No obstante, en las últimas horas, algunos exponentes del cartismo, como el diputado Rodrigo Gamarra, dan a entender que con la renuncia de Nenecho el informe sobre la intervención ya no debe ser valorado ni remitido a la Cámara de Diputados. Pero los hechos punibles denunciados por el interventor ante el Ministerio Público deben ser investigados y el fiscal general del Estado debe dar la tranquilidad a la ciudadanía que esta vez sí está enterado de lo que pasa en el escenario político y de los graves hechos que fueron denunciados ante su institución.
Si los diputados se niegan a recibir el informe de la intervención municipal, si el Poder Ejecutivo se demora en poner a disposición de la ciudadanía una información de altísimo interés público, si el Presidente de la República no demuestra firmeza y compromiso con la transparencia, surgen suspicacias que mueven a pensar que, hasta último momento, el cartismo no le suelta la mano al impresentable exintendente asunceno, en cuyo caso los habitantes de nuestra ciudad capital saldrán más perjudicados aún de lo que ya lo fueron durante su nefasta administración.