Como era de esperar, el informe final que consta de 19.589 páginas foliadas en 45 biblioratos, preparados por el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, constituye una verdadera bomba atómica sobre la autoproclamada inmaculada gestión del renunciante intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Ya se conocían varios de sus tremendos hallazgos que, en buena medida, coincidían con los de la Contraloría General de la República (CGR), de modo que el documento presentado al Ministerio del Interior y dado a conocer por el Poder Ejecutivo no abunda en novedades. Con todo, vale la pena señalar algunas de las barbaridades constatadas que jalonan la pésima gestión del impresentable exintendente, aunque más no sea para que los asuncenos sigan celebrando haberse librado de alguien tan nefasto.
Para empezar, el interventor constató reiterados errores administrativos que causaron “un descalce financiero progresivo”, debido al constante aumento de la brecha entre las recaudaciones y los compromisos asumidos, a lo que sumaba ineficacia de las oficinas de gestión. Se reveló “un estado de funcionamiento cercano a la anomia”, es decir, a la falta de normas; que como reinaba la arbitrariedad, se gastó dinero para fines ajenos a la ley, las ordenanzas, las resoluciones y los contratos, mediante “el sofisma de una cuenta única ilegal” que generó una red de cuentas inconexas, sin ningún control.
Coincidiendo con la observación de la CGR de que la Intendencia hizo pagos ilegales de gastos corrientes por 492.000 millones de guaraníes apelando a la cuenta única municipal, el informe definitivo subraya que el “error principal” fue destinar a gastos corrientes y a la compra de bienes y servicios la mayoría de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos para obras de infraestructura. Dicho empleo, contra lo dispuesto en el art. 197 de la Ley Orgánica Municipal, implicó “una grave y execrable violación” del principio de legalidad, que rige el Estado de derecho. Entre otras cosas, el uso de esos recursos conllevó el desfinanciamiento de las obras públicas contratadas, la generación de mayores costos financieros y, en general, la pérdida de más fondos que solo debieron aplicarse a las obras mencionadas, “sin excepciones ni atenuantes”.
Carlos Pereira señala que la “situación crítica” de la Municipalidad, signada “por un deterioro sostenido en los ámbitos financiero, institucional y ético”, exige una “reestructuración integral (..,) orientada a racionalizar el aparato municipal, “con criterios de eficiencia, sostenibilidad financiera y transparencia”. También enfatiza que el desvío de fondos públicos autorizados para obras de infraestructura “hace responsables de tal infidelidad e ilegalidad a los administradores públicos que la realizaron, consintieron o no impidieron”; es decir, puede interpretarse así que Nenecho comparte la culpa de sus actuaciones presuntamente ilícitas con los ediles que aprobaron sus ejecuciones presupuestarias, entre otros. Más aún, en el informe final se lee que “la confianza pública no se reconstruye con el mero voluntarismo por la mera punición de los causantes”, pues el hecho tiene “efectos políticos y sociales profundos que requieren firmeza en la corrección de la grave situación” constatada, que “decididamente debe ser corregida”.
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Dado el rigor de este informe final y el temperamento de Nenecho, no sorprendería que el autor haya sido amenazado de muerte. El exintendente, se supone, ya no seguirá causando daños a la Municipalidad ni a los asuncenos, siendo de esperar que su reemplazante, que lo había apoyado fielmente, no cometa la insensatez punible de imitarlo y que el Ministerio Público se ponga las pilas para que los responsables de la debacle reciban el castigo que se merecen y resarzan con sus bienes a los sufridos contribuyentes asuncenos.
Esta vergonzosa historia no debe repetirse, es decir, habrá que eliminar las aberraciones institucionales, financieras y éticas legadas por Nenecho, para lo cual será importante que la población denuncie, también por respeto a sí misma, las deficiencias y las irregularidades que detecte. Como su dignidad es incompatible con la continuación de tan bochornoso estado de cosas, cabe insistir en la necesidad de que en las próximas elecciones cuide el voto para impedir la aparición de un intendente similar al padecido hasta hace unos días. De los propios asuncenos depende que no sigan teniendo motivos para avergonzarse del jefe comunal ni, cabe agregar, de ediles, indolentes o cómplices, que apañen las rapiñas del dinero de todos.
El informe final, del que nos ocupamos aquí apenas someramente, dice que el grave estado de cosas debe ser corregido con firmeza. Es muy improbable que al nuevo intendente, que asume en vez de Nenecho, no le tiemble el pulso para tomar decisiones, según anunció, ya que formaba parte de la cohorte que apoyaban o, al menos, no cuestionaban las funestas decisiones que tomaba el intendente saliente. ¿O alguien cree que se atreverá a desprenderse de unos tres mil funcionarios superfluos? Los asuncenos no deben seguir manteniendo a la clientela parasitaria que solo sirve a sus amos políticos, y no a ellos a quienes se deben: los contribuyentes de la capital.