El Gobierno se precia de que en diciembre de 2023 liberó a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú de las garras del Clan Rotela, mediante la Operación Veneratio, realizada por fuerzas policiales y militares. Hay que darle ese crédito, porque no fue poca cosa ese éxito. Pero como es habitual en las actuales autoridades, la grandilocuencia con que presentan las cosas a veces ya es exagerada, y acompañaron ese logro con la frase “hemos recuperado las cárceles” de las manos de la delincuencia organizada. Se puede pensar que quedaron dormidas sobre los laureles, porque salieron a la luz informaciones que demuestran que los grandes malevos siguen operando a sus anchas en las cárceles, y, aparentemente, en connivencia con las propias autoridades. Tal es lo que puede pensarse con el descubrimiento de las “celdas vip” en algunas penitenciarías, donde ciertos reclusos vivían a lo grande, como se dice, mediante el pago de coimas a los responsables de los reclusorios.
En efecto, el último fin de semana se supo, gracias a la valiente actuación de las juezas Sandra Kirchhofer, Cynthia Sostoa, Luz Rossana Bogarín y María Lidia Wyder que numerosos reclusos en la cárcel de Embocada Antigua y en el Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor, ligados en su mayoría al narcotráfico, gozaban en sus respectivas celdas de unas comodidades inaccesibles para el común de los presidiarios. Esto implica que la Operación Veneratio fue incompleta y que los mafiosos seguían gozando de notables privilegios, debido a la influencia que el dinero sucio ejerce sobre las autoridades penitenciarias, por decir lo menos. Al mismo tiempo de salir a luz este nuevo escándalo, el Gobierno anunciaba que desmantelaron también “celdas vip” en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero, lo que al parecer no se produjo, sino que con ese anuncio quería aparentar como si los operativos de Emboscada y el Buen Pastor formaban parte de una acción general coordinada de las autoridades gubernamentales.
Aún más, el ministro Rodrigo Nicora afirmó que él ya sabía de los lujos carcelarios y que se los había tolerado en el marco de un trabajo coordinado con la Secretaría Nacional de Inteligencia, para obtener información de los “perfiles altos” que ocupaban las celdas. Por cierto, funcionarios de la Secretaría Nacional de Inteligencia consultados dijeron ignorar que estaban ayudando en un trabajo de inteligencia en la prisión de Emboscada. El ministro también cuestionó el procedimiento judicial, al expresar que “Cuando cuatro juezas de ejecución penal se van a patear la puerta de la penitenciaría, sacan fotos y publican por todos los medios de comunicación, lo único que ocurre es llamar la atención y hacer un show mediático”. Sin embargo, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Ríos consideró que “los centros penitenciarios no son un Estado aparte y no deben ser de características mafiosas”, en tanto que la ministra Carolina Llanes afirmó que la ley facultaba a las juezas a realizar intervenciones, sin comunicarlas.
El ministro Nicora se vio forzado a designar como interventor de la penitenciaría de Emboscada, “porque esto se hizo público”, a Víctor Aliente, quien había sido expulsado de la de Tacumbú por sospechas de corrupción. El director Humberto López no ingresó en las celdas visitadas y se negó a firmar el acta de inspección, ordenando a los guardiacárceles que también ellos se abstuvieran de hacerlo. ¿Debe creerse que no podía saber nada y que, por ende, era necesario todo un “trabajo de inteligencia”, de duración indefinida, para descubrir a los responsables de haber otorgado los privilegios? Pese a todo, el ministro le ratificó su confianza y adujo que asumió el cargo hace poco más de tres meses y medio, cuando la “estructura” ya estaba montada. En fin...
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Recién ahora se sabe que, ya en mayo, tres de las cuatro juezas del indignante hallazgo referido habían informado a la Corte Suprema de Justicia que constataron una situación similar en la Casa del Buen Pastor, de la que gozaban once reclusas, gracias al dinero sucio del narcotráfico. El Ministerio de Justicia tomó nota de la desvergüenza hace solo unas semanas; ella incluía el pago de cien mil guaraníes diarios a la dirección del penal, ejercida desde julio por Judith Franco, en reemplazo de Yenni Delgado. Sería bueno saber qué medidas fueron tomadas al respecto en los últimos meses. Por ejemplo, si la penitenciaría de mujeres llegó a ser intervenida, si el Ministerio Público investigó el pago regular de sobornos y si las privilegiadas permanecen en el reclusorio y en qué condiciones.
En homenaje a la transparencia, tanto la máxima autoridad judicial como el Ministerio de Justicia deben dar cumplidas explicaciones acerca del hermetismo que rodeó a este caso, aunque el eventual “trabajo de inteligencia” aún no haya concluido. Todo indica que la mafia sigue controlando las cárceles, mediante ese “poderoso caballero” que corrompe despiadadamente en las diversas esferas del poder. Aunque en ambos escándalos hayan participado guardiacárceles, no es temerario pensar que la parte del león se la han llevado sus jefes, como es de suponer que el ministro Rodrigo Nicora debería saberlo a más tardar desde que recibió el informe sobre el confort reinante en ciertas dependencias de la Casa del Buen Pastor.
Habría que lanzar otra suerte de Operación Veneratio, esta vez apuntando al personal penitenciario y hasta al ministerial. Más allá de la responsabilidad penal del personal penitenciario que lucra tolerando privilegios irritantes, quienes deben controlar a los directores de las penitenciarías cargan al menos con una responsabilidad política, por omisión en el cumplimiento del deber.
Entretanto, es presumible que más temprano que tarde surjan nuevos episodios del drama carcelario, siendo de esperar, al menos, que haya transparencia en este grave asunto y que el Ministerio Público preste mucha mayor atención a lo que ocurre tras las rejas.