Como bien se sabe, los efectivos de la Policía Nacional no solo combaten a los autores de hechos punibles, sino que también en muchos casos, estos son cometidos por ellos mismos, es decir, conocen las dos caras de la moneda. Una de ellas –la muy sucia– salió a relucir varias veces en el mes que termina, según se desprende de este resumen de publicaciones, en el entendido de que muy probablemente no incluya todas las fechorías perpetradas:
-tras un roce vehicular, un comisario de la Agrupación Motorizada Lince, que estaba sin uniforme, exhibió al otro conductor su arma reglamentaria, siendo ambos trasladados a la sede policial de Capiatá;
-un oficial inspector y un suboficial de la comisaría de Yby Pytá fueron detenidos por efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), estando alcoholizados y a bordo de una camioneta sin documentos, por sospecharse que escoltaban una carga de marihuana;
-en Capiatá, los familiares de una suboficial muerta de un tiro en el pecho acusaron de ello a otro suboficial, que sería encubierto por las autoridades policiales;
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-el subjefe de la comisaría 16 de Lambaré y dos subordinados fueron detenidos luego de que el jefe haya denunciado que liberaron a un “tortolero” a cambio de diez millones de guaraníes;
-en Ciudad del Este, en fin, un policía huyó en un vehículo robado en el Brasil, que estaba estacionado junto al Departamento de Investigaciones del Alto Paraná: los agentes que los persiguieron no pudieron capturarlo porque ¡fueron bloqueados por una patrullera de la misma dependencia!
Repetimos, estos hechos ocurrieron solo en lo que va del mes, pero estas deplorables noticias no habrán asombrado a la ciudadanía, ya habituada a que los agentes del orden aparezcan involucrados en la comisión real o presunta de diversos delitos. Si la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional, encargada de investigar las irregularidades y las faltas profesionales de los uniformados, tiene mucho trabajo que hacer, es porque las lecciones sobre la ética profesional impartidas en el Colegio y en la Academia de Policía, así como –se supone– las arengas matinales en las comisarías, no están dando los resultados que serían deseables. Como se sabe, prevenir es mejor que reprimir, pero, dado el caso, es preciso desde luego que la citada Dirección General actúe con todo rigor.
Las promesas de depurar la Policía Nacional siguen incumplidas debido a una evidente falta de interés o, sencillamente, porque en los niveles más elevados del cuerpo también podría estar arraigada la corrupción. Está muy bien que hace algún tiempo hayan sido separados decenas de policías adictos a los estupefacientes, pero es obvio que tampoco los vinculados a la mafia que los vende deben seguir en sus puestos. Es penoso que el común de los agentes policiales no se distinga por el pundonor. No está mal que, dada la inseguridad en auge, hayan sido incorporados cinco mil suboficiales, aunque su instrucción haya distado de ser excelente; también es bueno que se haya reforzado la dotación de patrulleras y motocicletas, pero el aumento de los recursos humanos y materiales servirá de poco mientras la Policía Nacional siga tan corrompida como hasta ahora.
Esta institución debe ser saneada de una vez por todas para que, entre otras cosas, la palabra “polibandi” desaparezca del vocabulario nacional, que la incorporó por sobrados motivos. Los delincuentes de uniforme deben ser perseguidos con toda energía, algo que en el Paraguay de hoy no resulta obvio. Tampoco lo es, según indica la inoperancia al respecto, que la noble misión policial de preservar el orden público, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes, entre otras cosas, no debe continuar en manos de quienes con tanta frecuencia atentan contra ella.
Es necesario que el ciudadano confíe en el agente policial, en vez de presumir que es un hampón disfrazado, según le enseñarían la experiencia propia y la ajena. Basta con tener que cuidarse de los delincuentes comunes; ya resulta excesivo precaverse además de los uniformados a sueldo de sus eventuales víctimas, como si fuera algo absolutamente normal.