El Índice ubicó al Paraguay en el lugar 59 entre 184 países, undécimo entre 31 de las Américas, en el rango de “moderadamente libre”, por encima de la media mundial y regional, lo cual está bastante bien y merece elogios por parte de los responsables del informe. En los primeros lugares se ubicaron Singapur, Suiza, Irlanda y Taiwán, en ese orden. Últimos quedaron Zimbawe, Venezuela, Cuba y Corea del Norte.
Paraguay se destaca en categorías tales como carga tributaria, salud fiscal, libertad monetaria y otros del mismo tenor. Sin embargo, cae estrepitosamente en los aspectos institucionales. En integridad gubernamental está en el lugar 137 en la lista de 184, al nivel de países como Djibouti o Angola. En efectividad judicial está en lugar 110 con Togo o Níger, y en derechos de propiedad también está por debajo de los cien primeros.
Desde el punto de vista de la radicación de capitales, en especial de las inversiones extranjeras directas, fundamentales para apuntalar el desarrollo, estos aspectos institucionales e intangibles tienen un peso mucho mayor en países pequeños como el Paraguay, por la sencilla razón de que las ganancias potenciales no son muy significativas y, por tanto, no vale la pena el riesgo.
En países grandes, como podría ser Brasil en la región, o enormes, como podría ser China, el peso relativo de cuestiones relacionadas con el Estado de derecho tiende a ser menor a la hora de decidir si invertir o no, porque ofrecen la posibilidad de obtener muy altos beneficios, aun a costa de mayor riesgo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Es por ello que es bastante común encontrar países con regímenes totalitarios o sumamente corruptos que son, pese a ello, eficaces en la captación de inversiones, lo cual lleva a algunos a usarlos como ejemplos para minimizar el papel de la institucionalidad en el desarrollo económico.
Pero no es el caso del Paraguay. De hecho, una paradoja que muchos analistas se plantean es por qué Paraguay, que se ha ganado una cierta fama de “niña bonita” en la región, con bajos impuestos, baja inflación, bajo desempleo absoluto, relativa disciplina fiscal y un crecimiento económico considerable, no exhibe un flujo de inversiones directas acorde con esos indicadores.
La respuesta es la debilidad institucional, la discrecionalidad de las autoridades gubernamentales y la amplia posibilidad que tienen ciertos grupos ligados al poder político de manipular las contrataciones públicas, la ley y la Justicia a su antojo. Como la magnitud de la economía no ofrece demasiados dividendos, entonces el país solo logra atraer porciones muy pequeñas de los portafolios de los pocos inversores extranjeros que consigue interesar.
Tal es la visión expresada, por ejemplo, por Todd Martínez, director senior y codirector de las Américas de Fitch Ratings, una de las tres grandes calificadoras internacionales de riesgos, al explicar el año pasado por qué esa consultora no siguió a Moody’s Investors Service en el otorgamiento del primer escalón del grado de inversión a los bonos soberanos paraguayos de largo plazo, y en cambio mantuvo su calificación de BB+, todavía en el rango especulativo, al igual que Standard & Poor’s.
“Paraguay, a pesar de la publicitada imagen de “estrella regional”, en la práctica no ha sido una estrella en la atracción de inversión extranjera directa, con una de las tasas más bajas en ese rubro entre sus pares de la categoría BB+. Es probable que por estos temas de institucionalidad Paraguay no esté logrando su potencial máximo”, indicó.
La calidad institucional es el factor clave que en última instancia distingue a los países ricos de los países pobres, según los ganadores del Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson. Si se amañan las licitaciones, si no se rinden cuentas, si jueces y fiscales responden al poder de turno, si se expulsa a una senadora sin causales, si se cierra toda una cadena de supermercados por “orden superior”, difícil generar la confianza necesaria para hacer crecer decididamente al país.