Según se desprende del sentido común y del informe conclusivo del interventor Carlos Pereira, si Óscar “Nenecho” Rodríguez pudo cometer tantas barbaridades en el ejercicio del cargo fue porque presuntamente estuvo confabulado con la gran mayoría de la Junta Municipal. Entre las ilicitudes referidas en el rotundo documento figura que, bajo las presidencias de los colorados cartistas César “Ceres” Escobar y Luis Bello, dicho órgano colegiado aprobó las rendiciones de cuenta de 2023 y de 2024, a sabiendas de que 512.318 millones de guaraníes previstos para obras de infraestructura fueron desviados, mediante el ardid de la “cuenta única”. Hoy se sabe que por lo menos la mitad se usó para el pago de salarios y otros gastos corrientes, incluida la compra de lomito.
El informe final dice que el desvío de fondos públicos “hace responsables de tal infidelidad e ilegalidad a los administradores públicos que la realizaron, consintieron o no impidieron”. Puede entenderse así que también incluye a los concejales que lo avalaron, ignorando “los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad administrativa y presupuestaria”. Las “terribles prácticas ilegales” en las que estaría incurso el ya imputado por lesión de confianza y asociación criminal, en el caso de los “detergentes de oro”, deben generar una responsabilidad penal y civil del exintendente y de sus cómplices en la Junta Municipal. Por de pronto, Luis Bello, quien avaló desde la Junta muchas de las barbaridades cuestionadas en el informe del interventor, recibió un premiazo: ¡fue electo intendente para terminar el periodo que corresponde a Nenecho!
Para que el Ministerio Público lo tenga en cuenta, vale recordar que el art. 276 de la Ley Orgánica Municipal dispone que los concejales son personalmente responsables con sus bienes, según las leyes civiles y penales, por los daños causados a la municipalidad en el ejercicio de sus funciones, por actos y operaciones cuya realización autoricen contra las normas legales, salvo quienes hayan hecho constar su disidencia en el acta de la respectiva sesión o los ausentes con permiso previo. La acción para hacer efectiva la responsabilidad civil prescribe a los dos años, a partir de la conclusión de las funciones.
En otras palabras, no solo el impresentable de marras debería ser procesado. Sería ilusorio confiar en que el necesario saneamiento municipal sea emprendido por el actual intendente y por los ediles que consintieron las flagrantes ilicitudes: ni siquiera cabe esperar que hagan un hipócrita mea culpa, porque hasta es presumible que carezcan de sentido moral. El intendente de hoy afirmó que no le temblará el pulso para tomar las decisiones que correspondan; una de ellas debería ser la de renunciar al cargo por haber consentido el uso “ilegal y perjudicial” de los bonos G8, algo para lo cual, con toda probabilidad, su mano sería incapaz de sostener una lapicera. Aparte del aparato administrativo, también el legislativo municipal debe ser depurado; desde ya. La Justicia debe tomar cartas en este asqueroso asunto, en tanto que los asuncenos deberían movilizarse para reclamar, dentro de la ley, que los responsables de la debacle no sigan causando tanto perjuicio a la capital y a sus sufridos habitantes.
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Los “políticos comunales” que están al servicio de sí mismos y de sus respectivas clientelas, atentan no solo contra la correcta administración de fondos públicos, sino también contra la propia dignidad de la población, a la que endeudan para satisfacer intereses bastardos; la toman por idiota y se creen impunes, de modo que habrá que desengañarles con la ley y con el voto en la mano en las próximas elecciones.
No hay que seguir tolerando con el silencio o el desinterés que los ediles roben y dejen robar, en connivencia con el intendente de turno. La limpieza del Palacete Municipal es una tarea pendiente que dependerá de la ciudadanía, groseramente estafada, según lo demostraron la Contraloría General de la República y la intervención dispuesta por la Cámara de Diputados. Este horrible drama asunceno debe tener consecuencias penales y civiles, para lo cual es imprescindible que la Justicia cumpla con su deber, tal como lo exigen la ley y la ética. Nenecho y sus amigotes no deben sacarla barata, porque de lo contrario la historia se repetirá para vergüenza de los capitalinos. Es hora de decir basta a tanta vileza.