Hace poco y como ya lo había hecho en 2023, Santiago Peña aseguró al gobernador Arturo Méndez (ANR, cartista) que será asfaltado el camino de 140 kilómetros que conecta Fuerte Olimpo con la Ruta Bioceánica. Ya estarían listos los estudios de factibilidad socioambiental y socioeconómica, así como el diseño final de ingeniería, de modo que restaría llamar a licitación pública. Entretanto, ya fue adjudicado el contrato para reparar la vía, pero aún no está previsto que se haga lo mismo con los 410 kilómetros restantes de la desastrosa red vial del departamento, que incluye puentes de madera en igual estado. Los trabajos de reparación durarían tres meses, siendo deseable que se aceleren, pues la temporada de lluvias suele extenderse desde fines de octubre hasta fines de enero.
Para la actividad económica, resulta obvia la necesidad de mejorar notablemente la conexión terrestre; también lo es para facilitar el traslado de quienes requieren atención médica, aunque más no sea en el paupérrimo Hospital Regional ubicado en Fuerte Olimpo, dada la carencia de centros de salud accesibles en el interior del departamento. Aquí es digna de mención la reciente aventura de una madre indígena, que no pudo ser sometida a una operación cesárea en el Hospital Regional: debió ser llevada al de Concepción, en un avión militar; a su regreso, la ambulancia que la transportaba con el recién nacido fue bloqueada por un camión atascado en el barro; al intentar eludirlo, también la ambulancia quedó atascada, hasta que al cabo de nueve horas fue liberada gracias al tractor de un ganadero benévolo. Este tipo de episodios son comunes en ese lejano departamento. A fin de preservar el derecho fundamental a la vida, los ministerios encargados de las comunicaciones y de la sanidad tienen muchísimo que hacer. El Alto Paraguay también existe, o debe existir.
En 2023, el diputado José Domingo Adorno (ANR, cartista) –un exgobernador denunciado por daño patrimonial– presentó un proyecto de ley de creación de la universidad nacional del Alto Paraguay, como si su departamento no tuviera otras urgencias. Dado que los recursos son limitados, hay que fijar prioridades, entre las que en este caso deberían figurar la comunicación vial y la salud pública. Vale recordar la iniciativa felizmente “cajoneada”, copia de otra que proponía crear una universidad con asiento en el departamento de Boquerón, como un ejemplo más de la pésima calidad de la “clase política” de aquella castigada circunscripción de la República. También es necesario, en fin, que sus electores se manifiesten, dentro de la ley, contra los caciques locales, dado su pésimo desempeño en las municipalidades, en la Gobernación y en la Cámara Baja; son tan lamentables como las autoridades nacionales que acostumbran marginar al departamento, lo que no es poco decir.
Parafraseando a Agustín Fernando De Pinedo, gobernador del Paraguay colonial, el extremo norte del país “necesita una redención” de la indolencia y de la corruptela de los gobernantes que lo condenan al olvido. Sus penurias tampoco deben pasar desapercibidas por los compatriotas. La solidaridad suele manifestarse cuando ocurre una catástrofe; la del Alto Paraguay es permanente y no responde sobre todo a causas naturales, de modo que la ciudadanía hará bien en instar una y otra vez a las entidades públicas a que cumplan con su obligación de atender allí el bien común, como en todas partes. Por si haga falta decirlo, aquellos paraguayos dolientes gozan de iguales derechos que sus connacionales de otros sitios, aunque al parecer no lo crean el presidente Santiago Peña, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, o la de Salud Pública y Bienestar Social, Teresa Barán, entre otros.
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