Pero así como el pueblo puede colmar las calles en celebración de lo que le da felicidad, es necesario que también salga a demostrar el repudio de lo que le quita la esperanza en un Paraguay de oportunidades, de igualdad y de bienestar para todos, y no solo para algunos privilegiados.
En dos años de gobierno, el Congreso Nacional con mayoría cartista de propios y aliados, demostró que las leyes se hacen y deshacen al antojo de lo que se pretende o en la línea de un plan de copamiento. Recordemos que una de las primeras leyes mutiladas ni bien el presidente Santiago Peña empezaba a acomodarse en la silla de los López, fue la “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, eliminando, por ejemplo, la obligación de declarar posibles vínculos de conflicto de interés con algunos familiares o la indicación de que en caso de incumplimiento de la ley, sería considerado “mal desempeño de funciones” y por ende, causal de juicio político.
Otra de las modificaciones de la ley consistió en asegurar impunidad ante casos de omisión de datos o consignación de datos falsos en las declaraciones juradas, obligando a la Contraloría General de la República a tener que probar la mala fe del declarante. Curiosamente meses después, saltó a la luz uno de los primeros escándalos presidenciales con la inversión de bonos del Instituto de Previsión Social (IPS) correspondiente a los fondos jubilatorios en la entidad bancaria UENO, siendo que en ese momento el Presidente de la República se encontraba como accionista de UENO Holding. Sin embargo, bastó con que venda sus acciones para que el aparente conflicto de intereses se acabe, ya que con la ley mutilada a medida las consecuencias por estos hechos habían desaparecido.
Otro escándalo que salpicó al ejecutivo tuvo que ver con la adquisición de pupitres chinos aparentemente sobrefacturados, de una empresa que no solo empezó a fabricar los pupitres antes de ser adjudicada, sino que –como se publicó después– el propietario de la misma, el empresario Long Jiang, principal accionista de la firma Kamamya había ayudado con el uso frecuente de su avioneta, al vicepresidente Pedro Alliana durante su campaña política, dato que fue ocultado por este en su declaración jurada en lo que respecta a los ingresos y gastos de campaña. Llamativa “coincidencia” que, gracias a la mutilación de la Ley de “conflictos de interés”, no preocupaba a los mandamases de turno.
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Una vez “ajustadas las tuercas del poder” y probada la paciencia del pueblo, no tardaron en iniciar la “cacería de brujas” contra actores políticos opositores, medios de comunicación críticos y organizaciones de la sociedad civil dedicados a escrutar el trabajo de las autoridades públicas. En poco tiempo, la conocida como “Ley Garrote”, mal llamada “Ley de transparencia de las organizaciones sin fines de lucro”, mostraría sus garras. Con la aprobación a tambor batiente, y pese a la oposición de organismos internacionales, relatores de Naciones Unidas, catedráticos e importantes actores sociales, el Congreso iniciaba una ola de persecución contra la sociedad civil, amenazando el derecho a la libre asociación con la imposición de multas, sanciones y burocracia excesiva para desincentivar el trabajo de numerosas fundaciones abocadas a exigir rendición de cuentas de los gobernantes, garantizar la libre expresión y el acceso a la información de interés público. Con ello, se empezaba a bajar lentamente el telón de la transparencia.
Con votos que van y vienen de acuerdo al objetivo propuesto, fue modificado el reglamento del Congreso, aumentando el número de congresistas necesarios para iniciar un juicio de pérdida de investidura, con lo que aseguraban el blindaje para que ninguno de los legisladores “amigos” pueda ser expulsado. Sin embargo, al momento de montar el show para la expulsión de la entonces senadora opositora Kattya González, los legisladores hicieron a un lado el reglamento recientemente modificado y aplicando la reglamentación anterior, lograron su expulsión con mayoría simple de 23 senadores. Acto seguido, volvieron a darle vigencia a la mayoría absoluta, actuando como es costumbre, según convenga.
Recientemente el manoseado reglamento volvió a sufrir un nuevo vejamen, esta vez para permitir la reelección hasta la terminación del actual periodo de Gobierno del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, mano derecha del cartismo. En este caso, los principios de pluralismo, alternancia y participación equitativa que sustentan la democracia pasan a ser un lejano recuerdo plasmado en un papel escrito en 1992, que poco a poco va ocupando un espacio entre las telarañas del baúl de los recuerdos.
Pero estos son solo algunos ejemplos de cómo nuestras leyes son ajustadas a la conveniencia del poder, de ese poder que fue delegado por el pueblo para el bien común pero que hoy es utilizado para el bienestar de unos pocos. Por ello, es más que nunca necesario que líderes políticos, sociales, jóvenes estudiantes, empresarios, sectores de la producción, educadores, activistas comprometidos con la patria, se unan en una misma voz capaz de sonar más fuerte que las promesas que nunca se cumplen, o mejor dicho, solo se cumplen para algunos. Los paraguayos y paraguayas que desean una patria libre de ataduras, como la que se sufrió durante la larga dictadura stronista, no solo deben manifestarse por las redes sociales, sino hacerlo en forma también pública, firme y sostenidamente, dentro de lo legalmente permitido, para que rijan en toda su plenitud la igualdad de oportunidades, la libertad de expresión y la vigencia plena de la ley para todos, como corresponde en un país libre e independiente.