De esta manera, las licitaciones son una copiosa fuente de corruptelas, pese a las normas de la Ley Nº 7021/22, de Suministro y Contrataciones Públicas, y a la existencia de una Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), encargada esta de velar por su correcta aplicación. La triste experiencia justifica ponerlas bajo sospecha porque, entre otras cosas, no es raro que –según las denuncias– los pliegos de bases y condiciones sean amañados con los consecuentes sobrecostos en beneficio de cierto oferente que seguramente retribuirá el servicio prestado por la máxima autoridad del órgano convocante o por los funcionarios de la Unidad Operativa de Contrataciones, o de sus respectivos padrinos. Los principios rectores de las licitaciones, como la imparcialidad, la libre competencia, la economía, la buena fe, la igualdad y la primacía del interés general, suelen ser ignorados impunemente, con el resultado de que al parecer los fraudes se reiteran a nivel nacional, departamental y municipal.
El último escándalo en esta inquietante materia afecta al Gran Hospital de Asunción. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) encargó al Consorcio GHA –integrado por las firmas Benito Roggio e Hijos, MM SA e Isacio Vallejos Construcciones– diseñarlo, construirlo y mantenerlo a un costo de 466.945 millones de guaraníes (unos 63 millones de dólares), pese a que la oferta del consorcio Yvaga –conformado por TR Construcciones SA y Aponte Latorre SA– era de 386.900 millones de guaraníes (unos 52 millones de dólares). Según la ley citada, el precio es solo uno de los varios criterios a considerarse –aisladamente o combinado con otros– al evaluar las ofertas, pero figura en segundo lugar, después de la calidad. Por lo demás, el consorcio Yvaga afirma que el sobrecosto del 26,6% con respecto al precio de referencia supera el límite del 10% fijado por la Resolución Nº 454/24 de la DNCP.
El consorcio que presentó una oferta más baja fue descalificado porque, cuatro días antes de la apertura de las propuestas, el MOPC habría agregado una exigencia no prevista en el pliego de bases y condiciones, respondiendo a consultas y sin recurrir a una adenda, o sea, alterando en forma encubierta el pliego de bases y condiciones. Este documento permitía a un oferente instalar una planta de tratamiento de agua para hemodiálisis recurriendo a subcontratistas especializados, lo que incidirá en apenas un 0,10% en el monto de la oferta global. Hasta un memorando interno de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Infraestructura Pública apuntaba que el pliego de bases y condiciones permitía la intervención de subcontratistas especializados, para promover una mayor competencia.
Dados estos hechos tan llamativos, que atentarían contra los principios de igualdad e imparcialidad, la DNCP suspendió la ejecución del contrato adjudicado al Consorcio GHA, tras una protesta del competidor. El MOPC se ratificó en sus actuaciones. Esta cuestión debe ser resuelta dentro de pocos días. En consecuencia, es necesario que se despejen las serias dudas, por decir lo menos, acerca de la legitimidad de este proceso licitatorio, en el que hay mucho dinero en juego. Las obras estatales no deben conllevar sobrecostos para los contribuyentes ni enriquecer a los servidores públicos que, según la ley, tienen que realizar los procesos contractuales atendiendo el bien común, evitando conductas que afecten la confianza ciudadana en su actuación imparcial y en la de la entidad a la que pertenecen. Por su parte, los oferentes, proveedores, consultores y contratistas deben “comportarse con los más altos niveles éticos y la debida diligencia”, según la misma norma, evitando el abuso de los derechos y garantías legales y brindando siempre información veraz y oportuna.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El grave caso referido será una buena ocasión para comprobar si tienen vigencia real esos postulados incompatibles con que las contrataciones públicas sean unas repugnantes transacciones ilícitas. Si no está bien inaugurar un hospital inconcluso para la mera propaganda, tampoco es admisible, obviamente, que los corruptos del sector estatal y sus cómplices del privado se valgan de la sanidad para llenarse los bolsillos. Ya es hora de que las necesidades de los enfermos no sigan siendo aprovechadas con tanta vileza, incluso a vista y paciencia del Ministerio Público. En fin, como las licitaciones “direccionadas” perjudican no solo al erario, sino también a los posibles oferentes honestos, conviene que los gremios empresariales expresen con firmeza y mayor frecuencia su inquietud ante esas prácticas aberrantes. Todo el país “tiene que estar mejor“, no solo los amigos del poder a costa de las necesidades del pueblo.