Esta semana, Paraguay será sede de audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 180º periodo de sesiones de este tribunal, que ya ha dictado 15 sentencias contra el Estado paraguayo por su responsabilidad internacional de violación de derechos humanos, de las cuales, hasta ahora dos de ellas son por violación a la libertad de expresión. Estas sentencias, en los casos “Ricardo Canese” y “Santiago Leguizamón” dejaron para el país estándares de protección a la libertad de expresión y la obligación reforzada de prevenir hechos de violencia contra periodistas y trabajadores de la prensa.
Sin embargo, lejos de seguir estas obligaciones vinculantes para el Estado, cuyos gobernantes de turno deben hacerlas cumplir, nuestras autoridades se han destacado en los últimos meses por dictar leyes “mordaza” o leyes “garrote”, poniendo trabas al derecho de participación activa de las organizaciones sin fines de lucro, persiguiendo a activistas de derechos humanos o amenazando a medios críticos de comunicación y periodistas en el ejercicio de su labor comunicadora. Incluso, de parte del propio presidente de la República, Santiago Peña, quien constantemente se encarga de desacreditar el rol de la prensa independiente, buscando convertirse en “víctima de persecución mediática” cuando en realidad, tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, al igual que todos los altos funcionarios que manejan la cosa pública.
Estos discursos, sumados al actuar errático de escudarse en tibios comunicados que no logran transparentar la gestión gubernamental sino sembrar más dudas y sombras en la percepción de la opinión pública, solo sirven para fortalecer la idea de que la violencia ejercida contra los comunicadores, por su labor investigativa, no tiene ni tendrá consecuencia alguna. Y el único beneficiado con este actuar es el crimen organizado (y sus aliados en el Gobierno, que los hay, según reconocen las propias autoridades), que busca acallar voces de aquellos que con su labor periodística encienden las luces en los lugares oscuros.
En las últimas semanas, tres trabajadores de la prensa fueron víctimas de violencia: el ataque por medio de disparos a las viviendas de los periodistas Carlos Benítez y Fabián Costa, ambos de la ciudad de Lambaré, así como las amenazas realizadas al periodista Aníbal Gómez de Pedro Juan Caballero en el mes de agosto pasado a través de mensajes de texto enviados a su celular. Todo esto demuestra la extrema vulnerabilidad de quienes, a decir de la Corte Interamericana: “ejercen la libertad de expresión de manera estable, continua y remunerada”, en especial, quienes se dedican al periodismo de investigación y aquellos que, con su labor, incomodan al poder, a la delincuencia organizada y a todos aquellos que pretendan ocultar lo que no quieren que salga a luz.
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Es importante recordar que en uno de los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso “Santiago Leguizamón vs. Paraguay” en diciembre de 2022, se había ordenado al Estado la adopción de una Ley de Protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, pese a la existencia de un proyecto de ley presentado ante la Cámara de Senadores en el 2023, pareciera no ser prioridad para nuestros “ilustres” parlamentarios, quienes solo profieren discursos “políticamente correctos” en sus redes sociales, como el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), que expresó su repudio por los hechos de violencia recientes, pero no mueve un dedo para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Interamericano con la promulgación de la Ley de Protección a periodistas. Pero, con seguridad, buscará su mejor perfil para una fotografía con los jueces que esta semana pisarán tierra guaraní.
Escuchamos también al mismo presidente del Congreso explayarse a favor de la libertad de expresión y en contra de la violencia contra periodistas, pero en la realidad es un senador que, junto con colegas de su movimiento, defendió fervientemente la persecución a las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en temas de transparencia y acceso a la información pública. Ese mismo grupo de legisladores busca también meterle mano al proyecto de ley de protección de datos personales para evitar divulgar información que consideran personal, pero que podría tener un alto interés público.
Tenemos legisladores que amenazan con denuncias de difamación, calumnia e injuria cada vez que alguien saca a luz un hecho de presunta corrupción, cuando en realidad tendrían que aclarar y dar explicaciones a la ciudadanía, pero prefieren violar recurrentemente los estándares interamericanos sobre transparencia y acceso a la información, construidos ya desde la sentencia en el caso “Canese vs. Paraguay”.
Asimismo, tenemos al presidente Santiago Peña que ha firmado sonriente la Declaración de Chapultepec y ratificando su apoyo a la libertad de prensa, pero en la realidad se trata de un presidente que se rehúsa a dar explicaciones de denuncias graves en su contra y solo se manifiesta por redes sociales con comunicados que oscurecen más que aclarar.
Y, sin olvidar, tenemos una Justicia que debe hacer cumplir el artículo 26 de la Constitución Nacional sobre libertad de prensa y expresión, pero que se ha dedicado a imponer censura previa a través de sus resoluciones, dando trámite a denuncias contra medios de comunicación o trabajadores de la prensa cuando lo que se divulga es información de interés público o dejando impunes asesinatos contra periodistas, como el caso de “Leo Veras”, ocurrido en Pedro Juan Caballero.
Es por eso que el Ministerio Público debe entender que cuando se trata de muertes violentas o agresiones contra trabajadores de la prensa, existen protocolos de investigación que deben ser rigurosamente aplicados para descartar o construir la hipótesis de que esa violencia se haya debido a su labor periodística, ya que las estadísticas en casos similares dentro del continente demostraron que en la mayoría de los casos se busca desviar la atención simulando otros motivos. Y la impunidad que llega por el negligente actuar de la Justicia, solo sirve para que la violencia siga creciendo y con ella, nuestra democracia se siga debilitando.
Finalmente, conforme a esta lista extraída del Observatorio de la Mesa de Protección de Periodistas, las voces apagadas de Santiago Leguizamón (1991), Calixto Mendoza (1997), Benito Ramón Jara (2000), Salvador Medina (2001), Yamila Cantero (2002), Samuel Román (2004), Ángela Acosta (2006), Alberto Palma (2007), Martín Ocampos (2009), Merardo Romero (2011), Marcelino Vázquez (2013), Carlos Artaza (2013), Fausto Alcaraz (2014), Édgar Fernández (2014), Pablo Medina (2014), Antonia Almada (2014), Gerardo Servián (2015), Eduardo González (2016), Leo Veras (2020), Humberto Coronel (2022), Alexander Álvarez (2023) no solo silenciaron su labor, sino la posibilidad de que todos los paraguayos reciban la información a través de ella.
“La libertad de expresión es la madre de todas las libertades”, y silenciar voces a través de la violencia contra un periodista, en realidad, convierte en víctima a todo el pueblo paraguayo.