Esta semana el concepto de “derechos humanos” retumba con fuerza en la sede del Poder Judicial, debido a la visita de los jueces de la Corte Interamericana que celebran su 180º Periodo de Sesiones en territorio paraguayo. En la inauguración de la semana de audiencias públicas, tanto el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), como el de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), se sentían bastante cómodos hablando sobre el cumplimiento del Estado paraguayo de sus compromisos en materia de derechos humanos, y presentando al Gobierno como un garante ejemplar de la libertad de expresión, como si los visitantes desconocieran la realidad de las constantes violaciones a este derecho, más aún en los últimos tiempos.
También veíamos a los ministros de la Corte Suprema de Justicia proyectar sonrientes la mejor imagen fotográfica junto a los miembros del Tribunal Interamericano, seguramente pretendiendo convencer de que en la “casa de Astrea” la seguridad jurídica y las garantías del debido proceso son las hijas dilectas, lo cual está muy lejos de ser realidad.
Entre la robusta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos de los derechos ampliamente interpretados fueron las garantías procesales y la protección judicial, contenidas en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, respectivamente. En cuanto al primero, el tribunal se expidió en más de una ocasión acerca del respeto de este derecho en el marco de juicios políticos. De hecho, las sentencias en los casos “Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea vs. Paraguay” y “Tribunal Constitucional vs. Perú” así lo confirman.
En estos fallos, la Corte analizó la obligación de los Estados parte del Pacto de San José de Costa Rica, como lo es Paraguay, de respetar y garantizar todas las garantías del debido proceso en juicios políticos o de pérdida de investidura, como el derecho de contar con un plazo razonable para ejercer la defensa y el ser juzgado por “jueces” imparciales, sin que la decisión de expulsión esté tomada de antemano, convirtiendo al proceso en un simple espectáculo condenatorio antes de empezar.
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Sin embargo, el caso de la expulsión de la exsenadora Kattya González en febrero del año pasado confirma que al poder político paraguayo poco o nada le importa lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Basta con recordar las expresiones de Bachi Núñez cuando expresaba que ni por más de que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la expulsión arbitraria de la exsenadora, ellos no acatarían tal decisión por considerar una intromisión de un poder sobre otro.
Por otro lado, al analizar el derecho a la protección judicial, la Corte Interamericana hizo mucho énfasis en el derecho que asiste a las víctimas dentro de un proceso, el primero de ellos, contar con un “recurso sencillo y rápido” ante los jueces y tribunales para defender un derecho fundamental. Sin embargo, transcurridos casi 20 meses de la expulsión de la exsenadora González por hechos que luego fueron desestimados ante la Justicia Penal, la Corte Suprema de Justicia sigue manteniendo en completo silencio su decisión y con ello, aniquilando la seguridad jurídica y la protección judicial que deberían ser los pilares de su gestión.
Pero el retardo en la justicia no solo se da en este emblemático caso que pone en jaque la propia democracia, sino en muchos otros que duermen el sueño de los justos en los cajones de los ministros que, esta semana, aplauden contentos las disertaciones en las cuales los jueces del Tribunal Interamericano hablan sobre la importancia de respetar las decisiones de la Corte IDH.
Hoy por hoy las decisiones en el Congreso se toman según el interés coyuntural de un grupo dominante con mayoría suficiente para hacer y deshacer a su antojo, colocando a sus “leales” en puestos claves como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sin importar que carezcan de idoneidad o, incluso, de título universitario, o en el Consejo de la Magistratura, instituciones que debieran garantizar la independencia y estabilidad de los jueces y fiscales, pero que en manos equivocadas, solo sirven para someter a la Justicia. Es por ello que sabiamente la Corte Interamericana ya en el 2011, con el caso “Gelman vs. Uruguay”, resaltaba que “en los casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas”.
En los últimos tiempos, las mayorías coyunturales en el Congreso y el copamiento de las instituciones democráticas han reforzado la idea de que basta con tener mayorías para socavar derechos humanos cuando de conveniencia se trata, debilitando la democracia y fortaleciendo la corrupción, el nepotismo, el clientelismo y tráfico de influencias, comprando conciencias, lealtades y sometimientos.
Mientras eso continúe, los derechos humanos en Paraguay no pasarán de ser una lección de historia universal, un lindo discurso para endulzar los oídos de ilustres visitantes, o la letra muerta de una Constitución olvidada.