Uno de los peores escándalos de la desastrosa gestión del exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, fue el de los “detergentes de oro”, entre otros productos sobrefacturados que fueron adquiridos de firmas que no los representaban y que en parte, al parecer, ni siquiera fueron entregados. Aparte de causar un daño patrimonial de más de 1.806 millones de guaraníes, entre 2020 y 2021, la codicia de los involucrados habría llegado al extremo de que se valieron de una crisis sanitaria para lucrar a costa de los enfermos y de los contribuyentes, mediante los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal.
Tamaña ruindad subleva a quienes creen que la moral debe regir en la función pública y, desde ya, pinta de cuerpo entero a cinco de los veinticinco procesados, que lograron la suspensión condicional de la causa penal abierta en 2021, tras ofertar devolver el dinero defraudado, proveído por el Fondo Nacional de Emergencia. Entre quienes así admitieron haber cometido los delitos que se les atribuyen figura Nidia Rosa López, exdirectora de Gestión y Reducción de Riesgos de la Municipalidad capitalina, y desde el 17 de agosto de 2023 nombrada titular de la Dirección Nacional de Correos, donde –créase o no– tiene como director de nada menos que Transparencia y Anticorrupción a Alfredo Benítez, presidente de la capitalina seccional colorada Nº 44, quien está imputado por su presunta participación en la “mafia de los pagarés”. Este notable caso de humor negro muestra hasta qué punto tragicómico ha llegado la degradación de las instituciones, por obra y gracia de la impunidad y del clientelismo político imperantes.
Aparte de devolver doscientos millones de guaraníes a la municipalidad, monto que correspondería a su “porción fáctica” en el perjuicio causado, la aún directora nacional de Correos deberá donar quince millones a la Basílica de Caacupé, para reparar el “daño social”. No es mucho, teniendo en cuenta que estaban en juego vidas humanas, despreciadas miserablemente por unos funcionarios voraces. Habrá que ver si Santiago Peña cree apropiado o no que siga en el cargo que le confió casi dos años después de haberse abierto la causa penal, como si hubiera ignorado este detalle. Al asumir el nuevo puesto, estuvo acompañada del entonces intendente Nenecho, quien dijo que su gestión municipal había sido “muy buena” y que es una “mujer todoterreno que trabaja veinticuatro horas y los siete días de la semana” (!). Entre bueyes...
Como se sabe, el exjefe comunal acusado en la misma causa penal deberá comparecer en una audiencia preliminar el próximo lunes, junto con su exjefe de Gabinete Wilfrido Cáceres, también con un proceso criminal a cuestas. Dado su tradicional descaro, es probable que siga negando los hechos ya reconocidos por sus exsubordinados o que trate de eludir su responsabilidad, alegando quizás que no estaba al tanto de las fechorías perpetradas: de Nenecho se puede esperar cualquier cosa. La intervención realizada en la municipalidad constató, como ya lo había hecho la Contraloría General de la República, que durante su desempeño como intendente se habría cometido lo que fue calificado como la mayor malversación de la historia patria. Con la complicidad de la gran mayoría de los ediles, muchos de los cuales hoy siguen tan campantes, se han venido privatizando en buena medida los fondos públicos, en beneficio de los jerarcas municipales y de sus respectivas clientelas políticas. Costará mucho sanear el nefasto legado del impresentable de marras, pero habrá que intentarlo, empezando por valorar el voto ciudadano en 2026.
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Dada la penosa experiencia, resultaría imperdonable que la Intendencia y la Junta Municipal vuelvan a caer en manos tan indignas; de los electores dependerá que la historia no se repita, es decir, que no se llegue al colmo de que incluso una enfermedad epidémica sirva para que los asalariados de los contribuyentes se llenen los bolsillos a costa de ellos, sin importarles un bledo la salud pública. Recordando también al citado director de Transparencia y Anticorrupción, resta la pregunta de qué espera el Jefe de Estado para remover a la directora nacional de Correos, aunque, según su exjefe, sea extremadamente trabajadora, aparte de “técnica y política”.
Para cerrar este delirante capítulo de nuestra administración pública contemporánea, la judicatura tendrá que actuar de acuerdo a la ley, también en lo que respecta al personaje principal, el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Su vergonzoso desempeño debe ser castigado, lo que no es mucho pedir, suponiendo que exista un Estado de derecho.