Si bien el aguinaldo a los jubilados se paga hace treinta años, no es un haber ordinario contemplado en la Carta Orgánica del IPS, sino un beneficio extraordinario otorgado cada ejercicio discrecionalmente por el Consejo de Administración, que también define en ese mismo acto la fuente de financiamiento. Actualmente se solventa con el rendimiento de las inversiones de las reservas del Fondo de Pensiones y representa una erogación anual extra de 51 millones de dólares para 87.000 jubilados, con el agravante de que cada año se agregan 8.000.
Pero el Fondo de Jubilaciones y Pensiones entró en déficit ya en 2020, décadas antes de lo previsto en los estudios actuariales, y lleva seis años consecutivos de saldo rojo con tendencia exponencialmente creciente. Eso significa que los ingresos por aportes obrero-patronales de asegurados activos ya no alcanzan para cubrir los pagos a un número cada vez mayor de retirados, debido a lo cual se recurre a las reservas técnicas, en una primera instancia echando mano a los intereses que generan, pero pronto también se tendrá que comenzar a gastar el capital y a liquidar bienes inmobiliarios. En otras palabras, el IPS se está comiendo la cola.
Estudios realizados en la década de 2010 indicaban que tales reservas, compuestas mayormente por ahorros financieros y propiedades, tardarían alrededor de veinte años en agotarse por completo. Desde 2020 ya ha transcurrido más de una cuarta parte de ese plazo, lo que da una idea de lo grave de la situación. Si nada se hace al respecto, antes de 2040 el IPS podría estar totalmente quebrado, y eso toda vez que no se presenten imprevistos o factores que aceleren el proceso.
Cabral indicó que se quiere establecer una fuente más estable de financiamiento del aguinaldo a mediano y largo plazo y mencionó como posible alternativa “un mejoramiento sustancial de las inversiones del Fondo de Jubilaciones”, con lo que estaría dando a entender que los rendimientos no son los óptimos. Recordemos que uno de los mayores acaparadores de ahorros e instrumentos financieros del IPS es ueno bank, cercano al Presidente de la República, que aumentó más de 2.000% sus captaciones desde que Santiago Peña asumió el poder.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Con todo, mejorar los rendimientos financieros tampoco será suficiente. El gran desafío que tiene el IPS en lo inmediato es ampliar la base de aportantes, para lo cual se requieren urgentes medidas para combatir frontalmente la informalidad, la evasión y la subdeclaración (el 80% de los asegurados está inscripto con el mínimo), tanto por la vía de la aplicación firme de la ley como por la vía de los incentivos.
Apenas alrededor del 20% de la fuerza laboral paraguaya aporta a la seguridad social. El 62,5% de la mano de obra urbana se desempeña en el sector informal y el porcentaje es todavía mayor en áreas rurales. El propio Santiago Peña eludía al IPS con sus empleados del servicio doméstico en relación de dependencia, según se supo por recientes testimonios. La universalización de los aportes es una necesidad perentoria, no solamente para la viabilidad del IPS, sino para la futura estabilidad socioeconómica del país, donde ya hoy el 13% de la población tiene más de 60 años.
Además, el IPS tiene 26.000 funcionarios, un número exorbitante, con beneficios laborales excesivos y contratos colectivos desproporcionados, impuestos en connivencia entre sindicatos y autoridades a costilla de los asegurados. Destina el 7% de sus ingresos a “gastos administrativos”, lo que no incluye al personal de blanco ni la gestión de hospitales, cuando en Chile, por ejemplo, la comisión máxima de las Administradoras de Fondos de Pensión es de 1,5%. Con solo reducir ese porcentaje de gastos administrativos ya tendría para pagar holgadamente los aguinaldos.
Los problemas financieros del IPS son reales y es crucial buscar soluciones, aunque sean parciales, para, por lo menos, retrasar lo más posible la crisis. Pero hay que hacer que todos los que están obligados aporten, y que aporten lo que corresponde, a la vez de reducir drásticamente los gastos y la corrupción internos, antes que aumentar las cargas sobre los que están cumpliendo cabalmente la ley.