La ejecución del ambicioso programa Hambre Cero, iniciado en 2024 y del que tanto se precia el Gobierno, al punto de ser considerado su “programa estrella”, sigue exhibiendo serias irregularidades, ya constatadas por la Contraloría General de la República en abril de este año, tras haber inspeccionado 300 centros educativos. Esta vez, a los pocos días de que escuelas y colegios capitalinos hayan recibido bananas no aptas para el consumo, sindicatos de docentes y de directores denunciaron una fuerte reducción de las raciones alimenticias proveídas en todo el país, bajo la modalidad “Cocinando en la escuela”. Valga como ejemplo que a instituciones que recibían 200 platos, solo estarían llegando 160, sin que se inmuten las gobernaciones ni el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo de Tadeo Rojas, tesorero de la ANR y presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), director del emprendimiento.
En virtud de una curiosa división del trabajo, el MDS ejecuta el programa en Asunción y en los departamentos Central y de Presidente Hayes, en tanto que las respectivas gobernaciones lo hacen en los demás departamentos. Hay mucho dinero público en juego: hasta 2027 y mediante recursos del Tesoro, las firmas proveedoras cobrarán mil millones de dólares, de los cuales unos 274.500.000 dólares (1,9 billones de guaraníes) llegarán a las arcas de Comepar SA, la que suministró las bananas verdes en Asunción y que también abastece, en parte, a los centros educativos del departamento Central y de Ciudad del Este. Vale señalar, por cierto, que el mayor accionista de la mencionada firma es Miguel Cardona, uno de los asiduos visitantes de la residencia presidencial que aparecieron en el marco de la divulgación del famoso caso de los “sobres del poder”.
Días antes de las denuncias referidas en relación al programa Hambre Cero, Tadeo Rojas dijo que este emprendimiento ya llega a los 310.000 alumnos de la capital y de los dos departamentos a su directo cargo, sin previo aumento presupuestario, gracias a que se detectaron provisiones sobrantes en las escuelas: “Encontramos órdenes de servicio para cien alumnos, pero solo ochenta comían; redujimos el número de raciones y reasignamos los recursos; así creamos un remanente que permitió ampliar la cobertura”. El serio problema es que, según la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la reducción de raciones afecta no solo a los centros educativos de Asunción y de los dos departamentos citados, sino que se registra “a nivel país”, incluido el propio departamento Central. Gabriel Espínola, titular de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-A), sostuvo que “el Gobierno de Peña prioriza negocios antes que el derecho de alimentación de los niños”, y que “en vez de seis bolitas de vorí vorí llegan tres a los estudiantes; en vez de plato lleno, el plato a la mitad”. Se presume, además, que muchos profesores no harían denuncias por temor a que los gobernadores estén ligados a las empresas proveedoras, lo que en verdad no sería nada asombroso.
La evidente falta de planificación adecuada y de control riguroso menoscaba a un Gobierno adicto a los golpes de efecto propagandísticos, como también lo es el hecho de inaugurar hospitales inconclusos. Según Tadeo Rojas, hasta hoy el MDS multó a cinco o seis firmas proveedoras por incumplimiento de contrato y “falsificación de datos”, es decir, no rescindió ningún contrato ni presentó denuncias ante el Ministerio Público. De esta manera, el programa Hambre Cero está resultando una costosa chambonada, de la que son víctimas tanto los estudiantes y sus progenitores como los contribuyentes en general. En particular, la comunidad educativa está siendo engañada por quienes mal podían ignorar que la ineptitud, la desidia y la corrupción campean en la función pública. Resta esperar que los docentes pierdan el miedo a revelar las irregularidades y que la ciudadanía vigile el desempeño del MDS, de las gobernaciones y de las firmas contratistas.
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Es simplemente intolerable que se juegue incluso con la salud de los alumnos y con la ilusión de sus padres. Nadie quiere que el programa “estrella” del Gobierno se estrelle de un momento a otro, dejando centenares de miles de damnificados y unos pocos beneficiarios, en los sectores público y privado, dado que en este país hay alianzas que parecen contubernios contra el bien común. Empero, hay que esforzarse para al menos atenuar los daños causados por las irregularidades resultantes de las malas intenciones y de la incompetencia de los ejecutores del emprendimiento. Para ello, es necesario, cabe insistir, que los alumnos y sus padres, así como los docentes, denuncien los malos manejos: sería bueno poder confiar en que los organismos competentes hagan su trabajo como deben, pero es mejor controlarlos desde la ciudadanía, sobre todo en un país como este, tan castigado por quienes pervierten la función pública con toda impunidad. No hay que permitir que sigan burlándose de la gente de bien, más aún en la cuestión educativa, de la que depende en gran medida el futuro del país.