La transparencia y su correlato la honestidad son de vital importancia en la administración pública, aunque así no lo crean los legisladores cartistas que, con la complicidad del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, acabaron desvirtuando, sobre todo en la Cámara Baja, un bien intencionado proyecto de ley sobre la “protección de datos personales”, concebido en 2020 por organizaciones civiles. Se diría que, de hecho, el oficialismo se ha arrepentido de que Horacio Cartes haya tenido el acierto de promulgar en 2014 la ley que obliga a dar “informaciones en el uso de recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público” y la que dispone el “libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Más aún, como advierte la diputada Rocío Vallejo (PPQ), el engendro aprobado por la mayoría de sus colegas podría convertir en agua de borrajas las leyes relativas a los conflictos de intereses en la función pública y a las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes la ejercen.
La versión aprobada por el Senado admite excepciones al principio de que se pueda denegar o restringir el acceso a los datos cuando el daño al interés protegido sea mayor al público de acceder a la información. Pero la realidad es que el funcionario que tenga mucho que ocultar se negará a que sus datos sean revelados en todo o en parte, siendo muy probable que sea protegido por sus “comprensivos” jefes. Por ende, se haría muy difícil que el contribuyente pueda conocer tan siquiera cuánto gana un asalariado pagado con el fruto de sus impuestos, denunciar el probable enriquecimiento ilícito de un servidor público o percatarse de que su interés personal podría influir o haber influido en sus decisiones en el ejercicio del cargo. Aunque lo aprobado por el Senado sea el mal menor, la transparencia quedará en extremo afectada. Siendo así, sería oportuno que el Poder Ejecutivo vete el desgraciado art. 24 de la ley de protección de datos personales, de ser sancionado.
Todo indica que los legisladores cartistas prefieren la opacidad en la función pública, incluso en la cabeza del Poder Judicial. En efecto, el Senado se ocupará también en breve de un proyecto de ley, presentado por los colorados cartistas Natalicio Chase y Silvio Ovelar, así como por el liberal cartista Édgar López, para derogar la norma, vigente desde 1995, según la cual los ministros de la Corte Suprema de Justicia deben elegir nominalmente y a viva voz a su presidente, a sus dos vicepresidentes y a los superintendentes de las circunscripciones judiciales. El senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) aduce que el voto secreto de los ministros fortalecerá la institucionalidad, la democracia y la división de poderes, posición a la que se sumó inesperadamente su colega Celeste Amarilla (PLRA) diciendo que “la violación del voto secreto es delito en todo el mundo”.
Si así fuera, los congresistas estarían de continuo atentando contra el Estado de derecho y delinquiendo, al elegir a los miembros de las mesas directivas o al sancionar leyes nominalmente, a mano alzada o por vía electrónica. Por tanto, los reglamentos internos de las respectivas Cámaras serían aberrantes por la simple razón de que no prevén el sufragio secreto. Es todo un despropósito equiparar el voto que tiene el ciudadano en unas elecciones generales o municipales con el que emiten los ministros de la máxima autoridad judicial al elegir a los ocupantes de ciertos cargos. ¿Acaso estos deberían temer que el poder político o el fáctico los castigue por haber votado a favor de alguien, desoyendo alguna orden recibida? Si carecieran de fortaleza moral, no deberían haber alcanzado la más alta magistratura.
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De lo que aquí se trata, aparentemente, es de que el sector gobernante tiene el gran temor de que las instituciones se manejen con la necesaria transparencia, lo que impediría ejercer sobre sus miembros un control que les obligue a modificar sus decisiones. Es preocupante el avance del sector político sobre las instituciones.