Como lo constató la intervención de la Municipalidad, el calamitoso desempeño del exintendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez fue mucho más allá del desvío de unos 500.000 millones de guaraníes, que está siendo objeto de una pesquisa del Ministerio Público. El presunto responsable mayor ya fue acusado, junto con otras personas, por el delito de lesión de confianza en el caso de los “detergentes de oro”, que causó un daño patrimonial de unos 1.800 millones de guaraníes, ya reconocido por algunos de los acusados. A ello se suma la denuncia penal que formuló el exinterventor Carlos Pereira por alteración de datos del sistema catastral, acceso indebido a sistemas informáticos, operaciones fraudulentas, lesión de confianza y evasión de impuestos, lo cual ocasionó hace unos días que fueran allanadas las oficinas de la Dirección de Recaudaciones, entre otras.
La vocación delictiva de al menos tres funcionarios les habría inducido en 2022 y 2023 a hacerse de dinero sucio, manipulando datos para reducir el impuesto inmobiliario a ser abonado o chantajear a excomerciantes para librarlos del pago indebido de la patente. En el primer caso, la víctima de la canallada era la Municipalidad y en el segundo una persona física. Como en tantas otras circunstancias, la Contraloría Interna y la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, con las que cuenta la Intendencia aunque parezca increíble, no habrían tenido la menor idea de lo que estaba ocurriendo, o hicieron la vista gorda. Según la agente fiscal Irma Llano, también podría ser investigado el exintendente, quien se limitó a decir que ordenó al respecto una auditoría y una instrucción sumarial, cuyos resultados se ignoran.
Pero hay mucho más, como el hecho de que unos cuatro mil asalariados, más sus familiares, fueron excluidos de los servicios del Instituto de Previsión Social, debido a que los aportes descontados de los sueldos no habían sido transferidos a dicha entidad. La deuda arrastrada en tal sentido desde el mes pasado, ya bajo la gestión del actual intendente, Luis Bello (ANR, cartista), asciende a 8.000 millones de guaraníes, que será abonada en cuotas, conforme a lo acordado por dicha entidad y el jefe comunal. Este aparente desvío de fondos, sea para cubrir “gastos de personal” o para llenar ciertos bolsillos, merece la pronta intervención de oficio del Ministerio Público. Aparte de ser insostenible, eso de tapar agujeros financieros mediante “bicicleteadas”, en el mejor de los casos, puede conllevar la comisión de un delito, de modo que también en este caso sería oportuna una investigación penal.
Lo mismo cabe decir con relación al hecho punible que perpetran con tanta frecuencia los inspectores de tránsito. Hace unos días, poco después de que se hayan difundido hasta con fotografías los supuestos “atracos” perpetrados por algunos de ellos y de que su jefe, Marcos Maidana, haya instado a la gente a revelar los que ocurran, un abogado denunció con pruebas ante Luis Bello que tres agentes identificados le exigieron una coima de 1.300.000 guaraníes, reducida a 300.000, a ser transferida a una cuenta bancaria de otra persona. Por si fuera poco, el hecho acaeció frente a una base de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), en la zona de Cuatro Mojones. La desvergüenza de los delincuentes de uniforme no se detiene ante las medidas anunciadas por el director de la PMT, donde los “niveles de corrupción son intolerables”, según afirmó el exinterventor. Es necesario que también en este ámbito intervenga el Ministerio Público, por propia iniciativa, con la mayor diligencia. Que nada quede en agua de borrajas, aunque es muy difícil lograr que se supere la modorra fiscal.
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Sin duda, no será nada fácil sanear el legado de Nenecho, suponiendo que los mandamases comunales actuales y futuros tengan la intención de limpiar el establo. Es que el daño causado por el susodicho al patrimonio municipal y al bienestar de los asuncenos, con el firme apoyo de la gran mayoría de los ediles, incluido el actual intendente, Luis Bello, supera cualquier otro infligido por sus antecesores. Las consecuencias morales y materiales de su desastroso gobierno se siguen sufriendo y serán arrastradas durante algún tiempo. Pero por ahora, al menos las fechorías comprobadas no deben quedar impunes.