En el curso de su elogiable “Campaña Nacional contra la Corrupción en Salud”, el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) lanzó un octavo comunicado y remitió sendas notas al presidente de la República, Santiago Peña, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, pidiéndoles su pronta intervención ante las “graves” anomalías constatadas en los hospitales generales de Coronel Oviedo, Encarnación y Santa Rosa del Aguaray. Estos nosocomios –inaugurados no hace mucho– habrían empezado a funcionar sin habilitación, registro ni categorización sanitaria, poniendo en riesgo a enfermos y a trabajadores. La posible comisión de delitos exigiría la investigación de oficio del Ministerio Público. La ministra del ramo, Teresa Barán, negó que los nosocomios funcionen sin habilitación, y aseguró que el hospital ovetense se desempeña a cabalidad.
Un hecho llamativo, denunciado por el gremio, sería la tercerización de servicios privados en hospitales públicos no habilitados, como el de Santa Rosa del Aguaray, donde un tomógrafo comprado con fondos estatales se hallaría fuera de servicio, mientras que uno privado lo estaría prestando en un contenedor (!), pudiendo causar “patologías graves”. Resulta así que el ministerio del área viola sus propias normativas, es decir, las reglas del juego no rigen para María Teresa Barán porque, entre otras cosas, eso de inaugurar hospitales públicos, aunque estén inconclusos, tendría un efecto propagandístico tan útil como aquello de que “vamos a estar mejor”. Claro que también jugaría un rol importante la “corrupción estructural e impune” en el sistema sanitario, como ya lo habían dicho los médicos agremiados.
Si resulta perverso hacer dinero sucio, lo es aún más hacerlo desde la función pública, poniendo en peligro la vida de los pacientes. En última instancia, la responsabilidad recae sobre el jefe de Estado, quien tiene la facultad de remover a la ministra, si esta no tiene la dignidad de renunciar, al menos por su notoria ineptitud. Su permanencia en el cargo es insostenible. La quiebra “moral y financiera” de la sanidad exige que se tomen medidas urgentes de diverso orden, para precautelar la vida de quienes, por razones económicas, se ven forzados a recurrir a los hospitales públicos.
Una norma constitucional programática obliga al Estado a proteger y promover la salud “como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”. Ese derecho fundamental está siendo violado miserablemente por motivos infames. No se trata solo de que se omita la prestación de ciertos servicios, sino también de que se intente engañar a la población y se atente contra al erario. Según el CPM, presidido por Jorge Rodas, en el Hospital General de Coronel Oviedo, que el ministerio califica “de última generación”, los servicios de tomografía, ecografía y radiografía están tercerizados porque fue abierto en febrero de este año sin un servicio de imágenes propio: la cuestión era inaugurar el establecimiento a tambor batiente, seguramente para dar visibilidad a algún politicastro y, de paso, quizá, beneficiar a algún socio del sector privado. Salud Pública le debe al sector privado más de 500 millones de dólares, a nivel nacional, según el gremio médico.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Como la educación pública y la seguridad interna, la sanidad sufre los pavorosos efectos de la incapacidad y de la corrupción, sin que haya visos de que las cosas vayan a cambiar. Hace unos días, la ministra Barán se ufanó de una “inversión histórica” en obras de infraestructura que, en realidad, no serían más que “cascarones vacíos”, como señala el gremio médico. A tanto llega la irritación de los profesionales de la salud que Jesús Irrazábal, jefe de Pediatría del Hospital Nacional de Itauguá, sin personal suficiente debido a los trasladados al de Coronel Oviedo, llegó a decir que la construcción de los grandes hospitales es “un negocio para los amigos del Presidente de la República”. Por cierto, el ministerio tiene 60.000 asalariados, la mitad de los cuales se rige por un contrato, incluso desde hace diez años: sus gremios exigen no “tocar” el actual régimen jubilatorio.
Está visto que el ministerio tiene serias dificultades en la construcción y el equipamiento de hospitales, así como en lo que al “personal de blanco” respecta. Es evidente que ellas no serán superadas por quien lo dirige, pues ni siquiera las advierte; al contrario, María Teresa Barán, carente de “las competencias mínimas”, según su colega Jorge Rodas, se muestra muy satisfecha con el pésimo estado de cosas reinante. Por de pronto, es necesario que, al menos por una vez, el Ministerio Público intervenga con rapidez, atendiendo las contundentes revelaciones de los médicos agremiados. En suma, es intolerable que la ineptitud y la “corrupción estructural e impune”, como dice el comunicado, sigan campeando en la salud pública, amenazando vidas humanas.