En una actitud que más se pareció a un berrinche de malcriados que a una decisión de Estado, el 1 de abril de 2025 el Gobierno dio por suspendidas las conversaciones por el nuevo Anexo C hasta tanto Brasil brindara explicaciones y disculpas por una operación de espionaje que se conoció a través de una investigación periodística, realizada entre los últimos meses del mandato de Jair Bolsonaro y los primeros del de Lula da Silva. El Gobierno brasileño sin duda quería saber cuál iba a ser la posición paraguaya precisamente en relación con el Anexo C, habida cuenta de que vencía el plazo y se tenía que plantear una renegociación clave.
De más está decir que no hubo explicaciones formales, mucho menos disculpas, no solamente porque Brasil no se caracteriza por dejarse correr con la vaina, sino, más importante que eso, porque le viene como anillo al dedo. Desde su punto de vista, cuanto más tiempo se prolongue un statu quo que le es altamente favorable, mucho mejor.
La cuestión neurálgica es que Paraguay hasta el día de doy le cede al Brasil la totalidad de la energía excedente del 50% que le corresponde en Itaipú a cambio de una “compensación” de apenas 10 dólares el megavatio/hora. Desde que la usina comenzó a generar, en 1984, hasta el primer semestre de 2025, Brasil se quedó con 1.245 millones de MWh (un volumen gigantesco) de energía paraguaya, por los cuales, en promedio, le pagó a Paraguay la irrisoria suma de 4,4 dólares el MWh.
Según admitieron en más de una oportunidad varios de sus máximos exponentes, Brasil estima que Paraguay todavía va a tener disponibilidad en Itaipú por al menos otros diez años, y su expectativa era llegar a un acuerdo para seguir contando con esa energía en condiciones ventajosas.
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El gobierno de Santiago Peña se lo hizo más fácil de lo que esperaban. Primero, no reclamó inmediatamente la restitución de los legítimos derechos paraguayos en Itaipú, sino que puso todo su énfasis en elevar la tarifa por encima del costo básico (en perjuicio de la ANDE) para repartirse una diferencia en forma de “gastos socioambientales”.
Luego permitió que se le diera largas al tema del Anexo C, con sucesivas prórrogas del plazo para un acuerdo, el último de los cuales era el 31 de mayo de 2025, que nuevamente quedó sin efecto por la suspensión unilateral de las negociaciones.
Ahora el embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes, dijo que, para su país, el incidente del espionaje es un “asunto superado”, pero el propio canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, se encargó de señalar lo contario al insistir que “necesitamos esa respuesta del Brasil”.
Mientras tanto, todo sigue igual en detrimento del Paraguay. La gran pregunta es si las razones que se esgrimen públicamente son las verdaderas. Muy difícil de creer. Una hipótesis más plausible es que, en verdad, ya existe un acuerdo tácito bajo la mesa. Brasil accedió en mayo de 2024 a elevar la tarifa a cambio de mantener en esencia todo como está o con mínimos cambios para no cambiar nada. Por un lado, es lo que demuestran los hechos, porque es exactamente eso lo que ha ocurrido. Por otro lado, hay claros indicios que lo confirman, como declaraciones “sincericidas” del ministro de Industria, consejero de la entidad y uno de los principales negociadores, Javier Giménez, quien expresamente manifestó que “no se va a tocar la figura de la cesión de energía porque eso significaría modificar el Tratado”.
Con la inestimable ayuda del Gobierno paraguayo, Brasil consiguió sin demasiado esfuerzo el objetivo que se planteaba. Al cierre de 2025 la situación continúa inalterada y no hay esperanzas de que eso cambie en el corto plazo. Negocio redondo, o apu’a, pero no para el Paraguay.