Mientras la población sufre el azote cotidiano de la violencia criminal, el ministro del Interior, Enrique Riera, encargado de la seguridad interna, da parte de enfermo o asiste a algún mitin. Al parecer, en su agenda apenas figura la golpeada capital del Amambay: en la víspera de una reciente “marcha por la paz y la seguridad” realizada por los pedrojuaninos tras unos días sangrientos que causaron cinco víctimas mortales, el intendente Ronald Acevedo (PLRA) dijo que el año pasado el ministro estuvo allí solo durante media hora y que los mafiosos tienen “comprados” a muchos oficiales de policía. Allí abundan los casos de sicariatos, y en uno de ellos hace poco fue muerto a balazos un político brasileño. en el estacionamiento de un concurrido shopping, lo que significa una pésima publicidad para dicha ciudad fronteriza.
Sin duda alguna, es necesario liberar a Pedro Juan Caballero de las garras del crimen, organizado o no, para que sus habitantes dejen de correr a diario el serio riesgo de morir hasta por culpa de una bala perdida, ya que en uno de los recientes atentados, cometido en pleno microcentro, se habrían hecho más de cien disparos (!)
Pero la violencia no solo se ha enseñoreado sobre Pedro Juan Caballero, sino también se extiende a otros lugares del país. La corrupción de las fuerzas del orden –ligada a la zozobra reinante por culpa de la inoperancia del principal responsable gubernativo– ha llegado también al colmo de que en Ciudad del Este, no hace mucho, un policía huyó con un vehículo sustraído en Brasil, que estaba aparcado nada menos que junto al Departamento de Investigaciones del Alto Paraná, y ¡una patrullera de dicha dependencia impidió que sea detenido por los agentes que lo persiguieron! El hampa actúa en la Triple Frontera, aprovechando la gran circulación diaria de personas, vehículos y mercaderías, convirtiendo a Ciudad del Este y sus alrededores en una zona de riesgo, aunque desde 1996 exista un Comando Tripartito de cooperación entre las fuerzas paraguaya, argentina y brasileña.
Hace poco, dos atracadores de una gasolinera fueron aprehendidos en flagrancia: uno de ellos era buscado por violencia familiar, asociación criminal, homicidio doloso y robo agravado (!), delitos que habría cometido solo este año. Por todo esto, no sorprende que en el río Paraná, cerca del municipio de Domingo Martínez de Irala, haya sido hallado el cadáver del adolescente que ultimó en Asunción al coronel Guillermo Moral, pues su presunto “financista” había sido detenido en Ciudad del Este. Está visto que la mano larga del crimen llega a todo el país.
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Si estos graves hechos criminales ocurren en el Amambay y Alto Paraná, el departamento de Canindeyú no les va en zaga. Allí campea Felipe Santiago Acosta (Macho), jefe de una banda narcotraficante, y esa zona también suele ser escenario de violentos hechos punibles, como el asalto con explosivos cometido ayer contra una sucursal bancaria de Katueté, y que dejó el lugar del hecho y sus alrededores como verdadero campo de guerra. Los malvivientes huyeron con un importante botín, cercano al millón de dólares, según los primeros informes.
A estas alturas, ya sería ocioso referir las actuaciones de pandillas juveniles en la Gran Asunción, también ligadas al narcotráfico. Algunas operan incluso cerca de la Comandancia de la Policía Nacional (PN), lo que mucho dice acerca de la impotencia de este órgano ante la inseguridad en auge. La delincuencia ha crecido cuantitativa y cualitativamente, dado que proliferan los malhechores bien armados, mientras crece la angustia de la población.
Está visto que no todo depende del dinero ni de la cantidad de efectivos. El Presupuesto del Ministerio del Interior, que incluye el de la PN, llegaría el próximo año a 612.576 millones de guaraníes (77,7 millones de dólares), lo que supondría un aumento del 15,2% con respecto al actual. Según el comisario general Carlos Benítez, comandante de la PN, en 2024 ingresaron cinco mil efectivos y este año lo harán otros tantos, de modo a lograr que lleguen a ser 50.000 en total. De poco o nada servirán esas medidas si los fondos son malgastados y los nuevos efectivos no están bien preparados. Sobre todo, habrá que abordar la tarea pendiente de limpiar la institución para que, entre otras fechorías, quienes prestan servicios en el Departamento de Identificaciones no vendan cédulas de identidad irregulares, como lo habrían hecho los once detenidos hace poco en sus nuevas reparticiones.
Para esa tarea impostergable, es imperioso que la Dirección General de Asuntos Internos de la PN acentúe notablemente el control del personal. También lo es que el ministro del Interior tenga la decencia de renunciar si, tras un riguroso examen de conciencia, constata que no está la altura de su importantísima función. De lo que se trata es de que no rija la ley del más fuerte; es decir, la del hampón que roba o mata confiando en la impunidad resultante de la corrupción y de la ineptitud policiales. El Estado debe esforzarse por ejercer como corresponde el monopolio de la fuerza legítima para que los ciudadanos no lleguen al extremo de armarse en defensa propia ni de hacerse justicia por sí mismos. Para ello, es necesario que el Ministerio del Interior esté en muy buenas manos. El Gobierno debe entender que en materia de seguridad el Paraguay está lejos de “estar mejor”. Está cada vez peor.