La aparente agenda de secretismo del Gobierno actual que desde el primer día asomaba sus narices con la mutilación de la ley de conflicto de intereses, ayer mostró los colmillos con la sanción en la Cámara de Senadores de la ley de protección de datos personales, que ahora pasa a manos del presidente Santiago Peña para que ponga las cosas en su lugar o termine de bajar el telón a la transparencia en la obtención de información de interés público.
La ley de protección de datos personales, si bien en su versión original fue un proyecto trabajado por organizaciones de la sociedad civil buscando evitar arbitrariedades en el manejo de información sensible por parte de empresas privadas o entes estatales, más aun con el auge del entorno digital en la vida de las personas, luego se convirtió en el caballo de Troya de los enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas para limitar a la ciudadanía en la obtención de datos de interés público, que muchas veces evidenciaron el mal manejo de la cosa pública.
A través de varias modificaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se logró finalmente alterar importantes artículos, desvirtuando el propósito del proyecto de ley, e incluso colisionando con disposiciones constitucionales, como el artículo 28 del Derecho a informarse, que garantiza la libertad de obtención de información de fuentes públicas o la Ley 5282/14 de Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.
El punto más controvertido, y que destruye la naturaleza tuitiva de la ley, se encuentra en el artículo 24, bajo el título “Del acceso a la información pública y protección de datos”. Este artículo establece que: “El derecho de acceso a la información obrante en fuentes públicas podrá ser denegado o limitado… cuando tal medida resultase necesaria para evitar un perjuicio concreto a la protección de uno de los intereses privados inherentes a la protección de los datos personales…” (las negritas son nuestras). Ya se ve venir a un ejército de ladrones públicos “ofendidos” que invocarán el secretismo defendido por esta funesta ley para eludir la Justicia.
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Entre las críticas de sectores de la oposición, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) calificó los cambios introducidos por el sector cartista como una mezcla de “versión Frankenstein y versión Drácula”. La parlamentaria denunció que el verdadero trasfondo es mantener un sistema de “cleptocracia”, o “el gobierno de los corruptos”. A estas críticas se sumaron también las del senador Rafael Filizzola (PDP), quien argumentó la violación del artículo 28 constitucional, y las de la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), que calificó de inconstitucional a la ley sancionada.
A su turno, el senador Elías Kobilansky (Cruzada Nacional) remarcó que “quien ingresa al sector público tiene que mostrar todo”. Sin embargo, nada de esto hizo mellas en las apetencias de aniquilar el proceso de transparencia democrática que empezó a consolidarse tímidamente en Paraguay tras la promulgación de la Ley de Transparencia en el 2014, y que permitió en su momento que grandes escándalos salgan a la luz, como casos de nepotismo, clientelismo político, contrataciones a parientes, amigos y parejas sentimentales, mala utilización de recursos públicos, entre otros, que llevaron a destituciones, expulsiones de senadores y diputados, renuncias y devolución de lo ilegítimamente percibido.
No obstante, la conducta del secretismo fue ganando terreno cada vez con más fuerza bajo este Gobierno, primeramente con la modificación de la Ley de Conflicto de Intereses, en la cual se eliminaron conceptos claves y se derogaron algunos artículos, como los relacionados con las sanciones para el Presidente de la República.
Paradójicamente, el presidente Santiago Peña no pierde ocasión para autoproclamarse fiel devoto de la transparencia y la libertad de expresión, llegando a decir que prefiere que la prensa exceda los límites antes que restringir el libre flujo de la información. Al ser consultado sobre el caso popularmente conocido como “los sobres del poder”, el Presidente había referido que “prefiere una prensa libre, independiente, que tenga la libertad de decir absolutamente todo”. Sin embargo, para que la prensa pueda transmitir la información pública a la que se refiere el Presidente, es necesario que primeramente pueda acceder a ella, lo cual será una misión casi imposible una vez promulgada la ley de protección de datos personales. Santiago Peña tiene ahora la ocasión de demostrar la sinceridad de sus afirmaciones. Se verá si sus palabras constituyen la expresión de su verdadero pensamiento lo que, en caso afirmativo, le imponen la obligación de vetar la ley; o si, en este retroceso democrático, será cómplice de los parlamentarios a quienes tanto agradece constantemente.
Porque, ¿quiénes se benefician realmente con la modificación del artículo 24 referente al acceso a la información pública y protección de datos? Basta con que el funcionario sobre quien se requiera la información alegue que la divulgación de la misma puede causar un perjuicio a sus intereses particulares para que dicha información sea denegada al requirente.
Claramente se verán beneficiados todos aquellos que tengan algo que esconder, mansiones que ocultar o sobres sin aclarar. El único perjudicado es el pueblo paraguayo, siempre presente en los discursos, pero olvidado bajo la sombra del secretismo, que pronto será ley.