Dos años después de haber asumido la banca, el diputado Diego Candia (ANR, cartista), miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, descubrió que su auténtica vocación es la de administrar la Municipalidad de Luque; por tanto, se lanzó a una campaña electoral para ser el candidato de su partido en las próximas elecciones comunales. En su empeño proselitista, intervino como “jurado” en la “Expo Feria Pedagógica 2025” de la escuela básica Nº 3830 y el Centro Educativo Nº 9, en Cañada Garay, junto con el edil Arnaldo Baeza (ANR, cartista), que aspira a ser reelecto. En tal carácter, ambos habrían sido invitados “por los niños (!) y docentes” de dichas instituciones luqueñas, según escribió el diputado en su página web.
Desde luego, es razonable suponer que los menores, que aparecieron en seis fotos difundidas en el mismo sitio, fueron del todo ajenos al convite y que, en consecuencia, resultaron víctimas de un grave abuso, que generó la comprensible indignación de sus padres. En cuanto a los docentes, la triste experiencia indica que no debe excluirse que, en efecto, hayan invitado a los dos precandidatos oficialistas, por propia iniciativa o a instancias de los mismos. En uno u otro caso, su proceder fue absolutamente reprochable.
Es bien conocido el tradicional sometimiento de los educadores públicos al poder político, una aberración que los sindicalistas del sector no suelen condenar y que continuó luego del 3 de febrero de 1989. Bien se sabe que para obtener un “rubro” sigue siendo mucho más útil rendir pleitesía a los politicastros que cultivar la idoneidad; las carencias profesionales de los favorecidos hacen que después se enfaden porque los exámenes de evaluación serían demasiado difíciles; no obstante, ya se quedaron con el cargo, a costa del futuro de los alumnos.
Es un escándalo que clama al cielo el hecho de que, en su propio lugar de trabajo, los docentes actúen de auxiliares electorales, incluso de cara a unos comicios internos de la ANR. Y utilizando a los niños, para peor desgracia. No es nuevo eso de que el internismo partidario contamine la educación pública, solventada no solo por los contribuyentes colorados, sino por toda la ciudadanía. En diciembre de 2017, estando al frente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el actual ministro del Interior, Enrique Riera, instó en el Guairá a los docentes de todo el país a ponerse “la camiseta de la Lista 2” (cartista); más aún, les dijo que, como él era candidato, “tienen que votar por su jefe” y que los dieciocho coordinadores del país eran colorados, “por extraña coincidencia”. Aparte de evidenciar el cinismo, cabe repetir la obviedad de que la partidización del sistema educativo público, propia del fascismo y del comunismo, causa un tremendo daño a las jóvenes generaciones y, por ende, a la República.
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Tras la canallada del legislador de marras, solo faltaría que los demás candidatos colorados reclamen igual “derecho” a ser “invitados” por alumnos y docentes, bajo cualquier pretexto; la cuestión sería tener un escenario para exhibir un falso profundo interés por la enseñanza y el aprendizaje. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de erradicar la politiquería de las aulas. Si en verdad los docentes creen estar a la altura de su importante magisterio, no deberían limitarse a exigir aumentos salariales y exámenes de evaluación más fáciles, pues su dignidad personal, suponiendo que la tengan, es incompatible con que sean utilizados para, entre otras cosas, convertir a su vez a los niños en dóciles instrumentos de una campaña electoral. Lo acontecido, que no es un episodio menor del bastardeo continuo de la educación pública mediante el sectarismo político-partidario, dice mucho acerca de los valores morales de un diputado, de un concejal y de unos docentes, tal vez compartidos por muchos de sus respectivos colegas. Es que la degeneración se halla bastante extendida.
Según la Ley General de Educación, el alumno tiene derecho a “ser respetado en su dignidad, en su libertad de conciencia y en todos sus otros derechos, según estado y edad”. Este derecho ha sido quebrantado sin disimulo, algo intolerable que no debe normalizarse. ¿Tienen algo que decir los sindicalistas del sector y Luis Fernando Ramírez, actual titular del MEC, con respecto al bochornoso espectáculo luqueño? ¿Acaso les parece inobjetable manipular a niños en beneficio de dos precandidatos? Si quedan callados, son parte del problema y no de una posible solución.