Entre 2021 y 2024, el gasto público en arrendamientos de oficinas y edificios subió de unos 187.750 millones de guaraníes a más de 200.409 millones, llevándose la palma el Poder Ejecutivo, seguido por el Judicial y los organismos auxiliares de Justicia. El año anterior, el Ministerio de Educación y Ciencias habría destinado cerca de 756 millones de guaraníes al pago del alquiler de catorce departamentos lujosos de un céntrico edificio asunceno. Y bien, los edificios levantados en la zona portuaria para asiento de oficinas gubernativas, a un costo de más de 588.000 millones de guaraníes, siguen casi vacíos, pese a que ya en febrero de 2024 tuvo que haber concluido el estudio del costo del equipamiento del complejo edilicio, al que debía seguir una “intervención estructural” para eliminar filtraciones de agua.
Al respecto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) respondió en julio de 2024 a un pedido de informe hecho en abril por la Cámara Baja, diciendo que las nuevas oficinas seguían desocupadas porque la administración anterior del MOPC no previó los recursos para equiparlas, que se habría fijado “un plazo concreto para completar la mudanza y la ocupación” y que un acuerdo de cooperación con Itaipú Binacional contemplaría la “puesta en marcha” de las torres 1, 2 y 5. Debe aclararse que a través de Itaipú se adjudicaron contratos de equipamiento, que están en ejecución, y como siempre ocurre en lo que concierne a la binacional, la transparencia brilla por su ausencia. Pero todo sigue a ritmo de tortuga, así que casi todo sigue igual. Por su parte, en agosto de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió a otro pedido del mismo órgano, remitiendo, entre otras cosas, una lista de las oficinas desocupadas que son del Estado y otra de las arrendadas por él: se ignoran las consecuencias de la respuesta.
Sirva lo antedicho como ejemplo del grosero malgasto, habitual en la gestión estatal: se destinan al pago de alquileres fondos que bien podrían ser destinados a la salud y a la educación públicas, así como a la red vial, mientras se desaprovecha lo ya invertido para dependencias estatales. El derroche es tan nocivo como la corrupción pura y dura, en la que también se podría haber incurrido en este caso: suelen ir de la mano porque se desprecian la honestidad y la austeridad en la gestión estatal. ¿Acaso no tiene vigencia efectiva la Ley N° 6622/20, que establece medidas de racionalización del gasto público?
El mero hecho de que la administración pública esté superpoblada implica un multimillonario derroche, como bien deberían saberlo el MEF, así como los legisladores que aprueban el Presupuesto nacional. Los edificios de la zona portuaria de la capital, que se van deteriorando casi sin antes usarlos, son testimonios mudos de que la llamada racionalización del gasto público es un cruel engaño, consentido por el Congreso, que autoriza el pago de alquileres que serían innecesarios si los mencionados elefantes blancos fueran concluidos y equipados totalmente de una vez. Dilapidar el dinero de todos, mientras las infraestructuras vial, educativa y sanitaria son paupérrimas, es simplemente vergonzoso.
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Como si fuera irrelevante, el Congreso y el MEF apenas se inmutan ante el despilfarro en cuestión, que iría de la mano con la corruptela de siempre: probablemente el locador privado puede agradecer la confianza del locatario público, mediante una retribución contante y sonante. No habrá “reforma del Estado” que valga mientras la cultura político-administrativa esté marcada por el convencimiento de que sustraer o malgastar el dinero público no implica dañar a los contribuyentes de carne y hueso, sino solo a esa abstracción llamada Estado. Los sinvergüenzas no tienen ningún sentimiento de culpa; al contrario, creen que quien no se comporta como ellos es un “výro” (tonto), del que cabría burlarse, y que el nepotista solo siente un encomiable amor a su familia.
Alienta constatar que hay signos de que la ciudadanía es cada vez más consciente de que el peculado y el derroche socavan su bienestar. Contra lo primero debe actuar el Ministerio Público; contra lo segundo, el buen sentido del que, lamentablemente, carecen quienes sancionan y promulgan el Presupuesto, razón por la cual conviene que las víctimas estén muy atentas. Entre otros dispendios, el dinero que se gasta en alquileres, habiendo edificios desocupados que fueron construidos para el servicio público, es dinero que se pierde para rutas y centros educativos o sanitarios. En suma, hay que repudiar el malgasto, no menos que la corrupción: van juntos, para mal de quienes pagan sus impuestos.