A septiembre de 2025, el saldo de la deuda pública total rozó los 20.000 millones de dólares (19.919 millones), frente a 16.125 millones en septiembre de 2023, primer mes de gestión de la administración de Santiago Peña. Eso supone un incremento neto de casi 20% en dos años.
En relación con el producto interno bruto, por primera vez la deuda superó la barrera del 40% del PIB y ese ratio sigue aumentando aceleradamente, con el importante detalle de que el PIB (que es el valor de los bienes y servicios producidos en el país) se ha ido ajustando hacia arriba por efecto del crecimiento económico, lo cual indica que el escalamiento de la deuda en términos absolutos es todavía mayor.
La administración Peña recibió el gobierno con una deuda equivalente al 36,3% del PIB y actualmente es del 41,1%. Eso es de por sí muy preocupante, pero lo es más si se considera que el PIB fue de 43.000 millones de dólares al cierre de 2023 y es de 48.443 millones de dólares en la actualidad según el último ajuste del Banco Central del Paraguay.
Solo a modo de comparación, si el PIB se hubiese mantenido constante, la deuda ya hubiese superado el 45%, algo inaudito en la historia económica del Paraguay en tiempos de paz. O bien, si se quiere hacerlo al revés, si la deuda se hubiese mantenido constante, con un plan anticíclico de austeridad y racionalización del gasto público, en este momento sería del 33% del PIB, a niveles anteriores a la pandemia, y por fin se estaría desacelerando, tal como recomiendan los organismos multilaterales.
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En la práctica ocurre todo lo contrario. La deuda no para de crecer y tampoco se puede esperar que se comience a revertir la tendencia el año que viene si nos atenemos al Presupuesto General 2026 que está en estudio en el Congreso y que contempla 2.600 millones de dólares adicionales en bonos y créditos, que siempre terminan siendo más con las infaltables ampliaciones presupuestarias que se producen durante el ejercicio.
Pero, además, aparentemente existen ingentes deudas que no están contempladas en estas cifras, a juzgar por los reclamos de proveedores y contratistas del Estado. Apenas asumió, este Gobierno solicitó y obtuvo autorización para una emisión de bonos extraordinaria de 600 millones de dólares, supuestamente para ponerse al día y comenzar de cero. Sin embargo, apenas dos años después, solamente los sectores farmacéutico y de la construcción afirman que se les deben casi 1.000 millones de dólares, y si se le agregan los atrasos del Instituto de Previsión Social la suma se eleva a 1.300 millones (2,8% del PIB).
La Cámara de la Industria Química y Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción (Cadimaco) califican la situación de crítica, aseguran que hay empresas al límite de la cesación de pagos, y se quejan de no recibir al menos un calendario de regularización. El Gobierno ya avisó que no va a pagar este año y puso como argumento la necesidad de ajustarse al cronograma de reducción del déficit fiscal. De ser así, esta administración estaría haciendo lo mismo de lo que acusó a la anterior, de esconder compromisos bajo la alfombra para maquillar la contabilidad estatal.
Paraguay ha entrado en una vorágine cuya magnitud, tristemente, no se dimensiona. Hace apenas una década la deuda pública era de alrededor del 10% del PIB. Algunos lectores recordarán que, al principio del Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), hubo una gran polémica por la decisión de emitir bonos soberanos por 1.000 millones de dólares. Hoy el saldo de bonos es de más de 10.000 millones de dólares y se lo toma como si fuera algo normal. Que no nos ocurra como a la rana en la fábula del agua caliente y, cuando queramos reaccionar, ya sea extremadamente tarde.