“Serán allá nuestros pechos las murallas” expresa la hermosa canción patriótica “Patria Querida”, para reflejar el valor paraguayo de dar el corazón, el cuerpo y la vida misma por defender la nación de manera inquebrantable ante cualquier insulto, agresión o ataque no solo a la soberanía nacional sino a la dignidad del pueblo, cuando el poder desmedido del mandamás de turno amenaza contra ella.
Esta defensa no depende de la fuerza física, sino del valor, la unidad y el coraje del pueblo, y ese coraje, por más que esos mandamases intenten minimizarlo, fue demostrado el domingo anterior en Ciudad del Este, con una aplastante y contundente victoria ante el cartismo, pese a que en esa “guerra electoral” se había descargado toda la “artillería”, en su mayoría, movida a turbinas.
Pero ni el más “apetecible botín”, como definió la diputada Rocío Abed (ANR, cartista) a la binacional Itaipú manejada por su esposo, el cartista Justo Zacarías Irún, ni las más rimbombantes promesas al pueblo esteño, como la de distribuir cargos públicos al día siguiente de una victoria, lograron evitar la derrota del cartismo, sencillamente porque el pueblo decidió levantar “la muralla de la dignidad” ante los abusos que día a día toman estado público permitiendo que solo un selecto grupo “esté mejor”.
La falta de transparencia por parte del Gobierno, que solo demuestra estar esforzado en mutilar leyes de control ciudadano para dar lugar al secretismo en sus actuaciones, como la reciente Ley sancionada en el Congreso de “Protección de Datos Personales” que busca proteger a altos funcionarios de tener que revelar la información pública que le sea solicitada so pretexto de que causarle un perjuicio a su intimidad, es solo la punta del iceberg de lo que empezó a tejerse el 15 de agosto de 2023.
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Ni bien terminaban de quitarle el polvo al sillón presidencial en la “Casa de los López” para iniciar un nuevo mandato, ya echaron mano a la “Ley de conflicto de intereses” eliminando, entre otras cosas, las sanciones al presidente de la República en caso de incurrir en estos hechos, cosa que con el tiempo cobró sentido, por ejemplo, al corroborarse la emisión de bonos en un banco de plaza en cuyo holding poseía acciones, o de adjudicar su gobierno llamativamente para la provisión de pupitres chinos a la firma de un empresario de esa nacionalidad que había prestado su avioneta para uso de las principales autoridades de la República.
También “ornamentan” el árbol de la indignación, hechos que otrora pudieron haber configurado “conflicto de intereses” pero que con la mutilación realizada a la ley promulgada por Peña quedan en el baúl de las anécdotas, como ser aparentemente el privilegio de cobro que tienen los “allegados al poder” en el programa “Hambre Cero”, mientras que los demás proveedores acumulan deudas y promesas de pago. Sin embargo, aquel proveedor que según una exempleada de Mburuvicha Róga visitaba al Presidente al parecer al margen de la agenda oficial, es el único que cobra con regularidad. ¿Privilegios digitados?
Por su parte, en el afán de dibujar una realidad paralela, el Gobierno se jacta del aumento en las recaudaciones y un aparente avance en los ingresos públicos mientras se disparan las deudas con los proveedores clave del Estado como las empresas constructoras y las farmacéuticas. La eterna justificación de la ineficiencia se basa en la “herencia de gobiernos anteriores”. Pero ya ha pasado largamente el tiempo de dejar de lado esa muletilla. ¿Acaso asumieron el gobierno con el plan de dar excusas durante cinco años? Los “éxitos” fiscales deberían traducirse en pagos inmediatos, no en discursos, y eso ya lo entendió el pueblo esteño y lo va entendiendo el pueblo paraguayo en general.
En otro episodio, pese a que entre políticos del mismo clan “no hay cornadas”, sin embargo ya se empiezan a ver algunos rasguños. En la semana que termina fue noticia la grave acusación de corrupción que lanzó el senador Carlos Núñez (ANR, cartista), excomisario y presidente de la Cooperativa Policial 8 de Marzo, contra el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez.
El senador colorado acusó al ministro Riera de manipular el polígrafo para cobrar coimas y exigió transparencia en los listados de ascensos. Denunció que aproximadamente 100 policías pagaron alrededor de G. 150 millones para “aprobar” el polígrafo y quedar en la lista de ascensos. Estas terribles acusaciones deben ser esclarecidas por todas las instituciones competentes puesto que en manos de la Policía Nacional están puestas nada más y nada menos que la seguridad y la libertad de las personas. Mientras hay conflictos en las altas esferas, la delincuencia jaquea a la ciudadanía.
Por más esfuerzo que haga el cartismo a través de leyes que van a contramano de la transparencia que exalta la Constitución Nacional en un Estado de Derecho, hay cosas que no se pueden ocultar, y así como los esteños demostraron en las urnas que no se arrodillan ante el oro y las viejas vanas promesas, el pueblo paraguayo en general debe prepararse para enfrentar nuevos desafíos en las próximas elecciones, para levantar con sus votos una muralla ante los abusos y los indicios de corrupción, mientras al gobierno de Santiago Peña, con sus berrinches, se le están acabando las excusas para dar respuestas a la ciudadanía.