En momentos en que empieza a arreciar el calor, numerosos barrios de Asunción y varias localidades vecinas se vieron ingratamente sorprendidos con el corte del suministro de agua potable, ¡pese a estar al día en el pago de sus facturas! Y entre las posibles causas se menciona una eventual disputa política ya de cara a las próximas elecciones.
Según el art. 47 de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, uno de los “servicios públicos imprescindibles”, cuya interrupción total o parcial pone en peligro, entre otras cosas, la vida o la salud de la comunidad, es la “producción y distribución de agua potable”. Por su parte, el art. 218 del Código Penal castiga con hasta cinco años de cárcel o con multa a quien “impidiera total o parcialmente el funcionamiento de (...) una instalación que sirva al suministro de agua”. Se trata del hecho punible de “perturbación de servicios públicos”, que habría cometido el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, al disponer el corte de la provisión de energía a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), de exclusiva propiedad estatal. La insólita disposición punitiva, adoptada debido al impago de una deuda acumulada de unos 225.000 millones de guaraníes (31 millones de dólares), afectó durante varias horas el consumo de agua potable en ocho barrios de Asunción, en veintidós de San Lorenzo, en nueve de Fernando de la Mora y en tres de San Antonio.
Es decir, la empresa acreedora creyó necesario sancionar a la deudora impidiéndole que sirva a miles de usuarios, ¡aunque estos sean absolutamente inocentes de que la Essap esté en mora! Tamaña locura es una muestra más de la irracionalidad campante en el aparato estatal y del soberano desprecio que allí se siente hacia la población. El presidente de la aguatera, Luis Fernando Bernal, no excluye que sus clientes hayan sido victimizados para dañar su imagen pública, pues él estaría siendo mencionado como eventual precandidato a intendente capitalino. “Siempre estamos inmersos en cualquier situación política que pueda haber”, sostuvo. ¿Será posible que el “internismo” lleve a tanto? Todo es posible en la función pública paraguaya, donde la arbitrariedad y el canibalismo político están a la orden del día. En otras palabras, es posible que una disputa entre politiqueros colorados deje sin agua a la población.
Aparte de la Essap, serían alrededor de nueve las entidades estatales, incluidas las que tienen la forma jurídica de sociedades anónimas, que están en deuda con la ANDE; entre ellas figuran la Industria Nacional del Cemento (INC), la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), la Policía Nacional, el Hospital de Clínicas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Según el gerente comercial de la empresa acreedora, Hugo Rolón, se mantienen reuniones con las entidades deudoras y cuando ellas no se muestran dispuestas a pagar, se corta el servicio. Así de simple. Por razones obvias, se espera que al menos las entidades sanitarias no se queden sin energía eléctrica. Al parecer este gerente y demás autoridades de la empresa ignoran las claras disposiciones legales mencionadas más arriba, según las cuales el corte de agua realizado significaría un grave delito.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Es de suponer que los respectivos Presupuestos de los órganos deudores incluyen las sumas a ser destinadas al pago de la energía eléctrica, lo que plantea la pregunta de si alguna vez se ocuparon de su ejecución las comisiones parlamentarias que dictaminan cada año sobre la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, previo informe de la Contraloría General de la República (CGR). Lo más probable es que el Congreso haya aprobado a ciegas las partidas correspondientes al pago de la energía eléctrica, sin tomarse la molestia de averiguar adónde fueron a parar las sumas asignadas anteriormente.
De la insostenible situación, que no es de reciente origen, también es responsable Santiago Peña, quien, al decir de Luis Fernando Bernal, solo habría autorizado el corte de la energía eléctrica proveída a oficinas públicas. Esto implica que le tiene sin cuidado que una entidad pública, dirigida por alguien designado por él mismo, sea castigada por morosa, como si el hecho no perjudicara de lleno a la población inocente, incluyendo a los “usuarios vulnerables” que, según habría dicho, no deberían ser afectados. Ya es hora de que el jefe de Estado se ocupe de esta gravísima cuestión de las deudas arrastradas y de que la CGR ponga bajo la lupa a las entidades deudoras, mediante una fiscalización especial inmediata del uso de los fondos previstos para el pago de los servicios de la ANDE. Y también de que la Essap sea intervenida y de que el Ministerio Público investigue si se cometió o no un delito al impedir el suministro de agua. La población no puede estar supeditada a los vaivenes de la politiquería barata.