Estos subsidios universales, sin discriminación de nivel socioeconómico y sin un sistema contributivo previo, se han convertido en una versión paraguaya de los polémicos “planes” de la Argentina kirchnerista. Si no viene alguien pronto a cortar el chorro, terminaremos igual que nuestros queridos vecinos.
El censo nacional de 2022 contabilizó 523.660 habitantes mayores de 65 años, que en la actualidad serían alrededor de 530.000 de acuerdo con la proyección estimada hasta 2050. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente 78.000 personas de ese segmento (14,4%) están por debajo de la línea de pobreza. La encuesta no discrimina cuántos de estos están en pobreza extrema, pero si nos atenemos a la media nacional (4,1%), serían alrededor de 22.000.
En contrapartida, el Estado paraguayo destina 400 millones de dólares del dinero de todos (que serán 444 millones de dólares en 2026), más altos gastos administrativos del Ministerio de Desarrollo Social, a pagar una pensión mensual de 25% de un salario mínimo, lo que hoy equivale a 700.000 guaraníes por mes, a 340.000 adultos mayores, un número que supera casi cinco veces al de pobres que hay entre ellos según las cifras oficiales, y quince veces al de pobres extremos.
Una razón que se suele esgrimir para explicar tamaña incongruencia es que la baja incidencia de pobreza y de pobreza extrema entre los beneficiarios se debe, precisamente, a que reciben la pensión, pero hay varios problemas con este argumento.
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En primer lugar, si así fuera, no debería haber pobres entre los adultos mayores y mucho menos pobres extremos. La línea monetaria de pobreza en Paraguay es de 897.168 guaraníes mensuales por persona, que es lo que se calcula suficiente para adquirir una canasta básica de consumo, y la de pobreza extrema es de 316.157 guaraníes, para una canasta básica de alimentos. La pensión ya tendría que cubrir esas necesidades elementales, pero, contradictoriamente, todavía hay un 14,4% de pobres en el segmento, según las cifras oficiales.
Se podría alegar que, si no existiera la pensión, el porcentaje de pobreza entre adultos mayores sería mucho mayor, pero ese es, justamente, el segundo gran problema del argumento. A nivel nacional, la pobreza afecta al 20,1% de la población (2024). Dado que la pobreza entre adultos mayores es oficialmente del 14,4%, eso significa que, en el mejor de los casos, las pensiones apenas pudieron reducir menos de 6 puntos porcentuales la pobreza en el segmento. En números absolutos, eso equivale a 30.000 personas, que se podría afirmar superaron la línea de pobreza debido a la pensión. ¿Y qué pasa con los otros 310.000 adultos mayores que reciben el subsidio estatal?
La verdad es simple e incontrastable: la enorme mayoría de las personas mayores de 65 años que perciben una pensión del Estado con dinero público no está en condición de pobreza, conforme a los parámetros oficiales, pese a lo cual no solamente nadie da explicaciones y nadie exige que se depuren las listas, sino que se van a agregar otros 30.000 y más beneficios en 2026, obviamente en pleno año electoral.
Y no es el único caso. Hay varios otros subsidios igualmente incoherentes en el Estado paraguayo a costilla de la ciudadanía trabajadora y en detrimento de otras prioridades para la población, como medicamentos, servicios de salud pública, educación de calidad o infraestructura.
El más significativo es Tekoporã, que es un programa, supuestamente “temporal”, de transferencias condicionadas para mejorar la calidad de vida de familias en situación de pobreza. Según el Gobierno, reciben el subsidio 200.000 hogares, lo que supone un beneficio directo “para más de 564.381 personas”. El problema con ello es que, si el programa realmente llegara a los más vulnerables, tal como se proclama, entonces no debería existir pobreza extrema en el Paraguay, que, según la medición oficial, afecta a 244.000 personas, bastante menos de la mitad de los beneficiarios de Tekoporã.
Estamos seguros de no equivocarnos si afirmamos que, con pocas excepciones, casi la totalidad de los paraguayos y habitantes del país estarán de acuerdo con que se utilice parte considerable de sus impuestos para ayudar a los compatriotas que más lo necesitan. Pero que sea verdaderamente para los más pobres, no para una repartija indiscriminada a costa de las finanzas públicas y del esfuerzo de los demás.