En una de las homilías del novenario de la Virgen de Caacupé, monseñor Miguel Fritz se refirió a la lacerante realidad de miseria, injusticia y discriminación que sufren muchos, probablemente la mayoría, de nuestros compatriotas indígenas. Como obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, monseñor Fritz conoce esa realidad de primera mano. No obstante, con todo respeto, hay algo en lo que se equivoca. No es cierto que el Estado paraguayo no disponga de suficiente presupuesto para asistir a quienes más lo necesitan. Lo que ocurre es que existe una gigantesca repartija del dinero de los contribuyentes.
El censo nacional de 2022 identificó a un total de 140.206 indígenas en el país. No todos están en situación de pobreza extrema, pero, si así fuera, se necesitarían 86 millones de dólares anuales para sacarlos de esa condición. ¿Parece mucho? Solamente tres programas de subsidios públicos para “combate a la pobreza” (Adultos Mayores, Tekoporã y Hambre Cero) se llevaron 870 millones de dólares en 2025 y se están previendo fuertes aumentos en el Presupuesto 2026. ¿Dónde están los resultados?
Según la Encuesta Permanente de Hogares, alrededor de 1.190.000 habitantes del país (20,1% de la población) están por debajo de la línea de pobreza monetaria y, de estos, unos 244.000 (4,1%) están por debajo de la línea de pobreza extrema. La diferencia es que a los primeros no les alcanza para adquirir una canasta básica de consumo, mientras que a los segundos ni siquiera les alcanza para una canasta básica de alimentos. En otras palabras, los pobres extremos, además de otras serias carencias, sufren hambre y desnutrición.
De acuerdo con los parámetros oficiales utilizados por el Instituto Nacional de Estadística, con metodología internacionalmente aceptada, la línea de pobreza extrema monetaria en el Paraguay es de 391.894 guaraníes mensuales por persona en el área urbana y de 357.891 guaraníes por mes por persona en el área rural. Eso significa que todo aquel cuya alícuota de ingreso medio, propio o familiar, sea menor a 13.063 y 11.929 guaraníes por día, respectivamente, según residan en áreas urbanas o rurales, son considerados pobres extremos.
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Es indudable, como bien lo señala monseñor Fritz, que las comunidades indígenas ocupan un alto porcentaje de este segmento más pobre. Lo lógico, por lo tanto, sería que las políticas públicas priorizaran como primera medida el auxilio de los más necesitados entre los necesitados, pero no es así, sencillamente porque es política y económicamente más rentable dirigirse a sectores más amplios y difusos, donde hay mucho más espacio para el clientelismo, la obtención de votos y, sobre todo, la distribución prebendarista de cargos y los negociados.
Si los programas financiados con los impuestos de la ciudadanía estuvieran eficazmente focalizados en las necesidades más urgentes, con los recursos que ya hoy mismo se disponen se podría, literalmente, eliminar la pobreza extrema del país. Si hay 244.000 indigentes (de los cuales probablemente más de 100.000 son aborígenes) se les podría entregar un subsidio de 500.000 guaraníes mensuales a cada uno, niño, joven, adulto, anciano, muy por encima de la línea de pobreza extrema, por lo menos para que puedan alimentarse, y ello demandaría aproximadamente 200 millones de dólares al año, apenas poco más del 20% de lo que se gasta solamente en esos tres programas mencionados.
En cambio, mientras los indígenas mendigan en las calles y, como señala el prelado, son expulsados de todas partes, el Gobierno, por ejemplo, les entrega una pensión no contributiva de 700.000 guaraníes por mes, 25% del sueldo mínimo, a 340.000 adultos mayores, cuando, según las cifras oficiales, solo hay 78.000 personas mayores de 65 años en condición de pobreza, ya ni hablar de pobreza extrema.
Si tan solo se les otorgara este subsidio únicamente a los 78.000 adultos mayores pobres, y no a los demás, sobrarían recursos para solucionar el problema de miseria de los 244.000 pobres extremos, incluyendo a cada uno de los 140.000 indígenas que hay en el país. Y si a eso agregamos el despilfarro en los múltiples programas sociales, los altos costos administrativos, los sueldazos y el ejército de funcionarios que se nombran para este fin, las licitaciones amañadas y la corrupción, seguramente habría recursos más que suficientes para resolver el problema de la pobreza en general.
Monseñor Fritz menciona el acceso a la tierra y otros factores, pero necesariamente la miseria indígena requiere una política asistencialista, con subsidios directos, por lo menos en una primera etapa, hasta tanto las nuevas generaciones puedan recibir mejor educación en mejores condiciones. Si se utilizara correcta y honestamente la plata, no tendría que haber un solo indigente en todo el Paraguay.