En el IPS ya hoy funciona una financiera completamente irregular, por más que se sustente en resquicios legales y en la interesada complicidad entre administradores y beneficiarios actuales o potenciales, pero a espaldas de cientos de miles de trabajadores y empleadores cotizantes. Tiene prestados alrededor de 400 millones de dólares a más de 35.000 jubilados y pensionados y a más de 11.000 funcionarios, casi 50.000 préstamos en total, sin someterse ni a reglas ni a supervisión bancarias, con análisis de selección y de riesgo dudosos, realizados por una unidad administrativa que no tiene la estructura técnica, operativa ni regulatoria para manejar semejante cartera, que equivale al 15% de la de todo el sistema bancario nacional.
Las autoridades del IPS suelen jactarse de tener baja morosidad y considerables ganancias, gracias a la posibilidad de realizar descuentos automáticos directamente de los haberes y sueldos de los jubilados y funcionarios deudores, pero eso no está fiscalizado por ninguna entidad independiente ni existe información detallada disponible al público. Por ejemplo, no se sabe si se ejecutan garantías, si se refinancian préstamos, a quién y con qué requisitos, si se consolidan previsiones o si se aplican en la práctica procedimientos para evitar direccionamientos o desvíos. Y, sobre todo, no se sabe el grado de exposición a posibles crisis ni quién se hace responsable de posibles pérdidas.
Todo lo anterior ya es muy preocupante, por los altos montos que están en juego, pero al menos se circunscribe al ámbito del propio IPS. Mucho peor sería si se le facultara a conceder créditos a terceros, ante lo cual, a no dudarlo, hay varios grupos que están expectantes, listos para lanzarse como abejas a la miel.
De hecho, ha habido muchas experiencias, casi todas fallidas, con graves pérdidas para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones sin que los principales responsables hayan pagado las consecuencias, más allá de algunos pocos chivos expiatorios. Baste recordar los “préstamos directos” a una veintena de empresas y particulares en 1996-97, con los que al IPS se le esfumaron más de 100 millones de dólares de la época y solo pudo recuperar una pequeña parte de los “monos” después de largas batallas judiciales y sin intereses cesantes. Hubo varios casos más que terminaron en serio detrimento del ente previsional, al que a menudo se le obligó a aceptar desventajosos acuerdos en beneficio de sectores de interés.
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Aquellos “préstamos directos” fueron otorgados durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, cuando presidía el Consejo de Administración Mario Luján Melgarejo, quien fue posteriormente condenado (mayormente prisión domiciliaria) por su participación en el vaciamiento del extinto Banco Nacional de Trabajadores. La referencia al tristemente célebre caso del BNT viene a cuento porque es muy probable que sea el mismo destino del banco del IPS si se llegara a crear.
Quienes promueven la idea, incluyendo el consejero Carlos Pereira, alegan que el futuro banco será gestionado honesta y profesionalmente, pero no es esa por cierto la realidad que caracteriza al IPS. Previsiblemente, no solo será un nuevo elefante blanco repleto de funcionarios, sino un canal para dilapidar todavía más los fondos jubilatorios.
El negocio financiero es complejo, riesgoso y cambiante. El Consejo de Administración del IPS, que tiene un pobrísimo historial en todos los órdenes, al punto de que las reservas del Fondo de Jubilaciones van rumbo a agotarse mucho antes de lo previsto, debe dedicarse a cumplir mucho mejor las funciones que le asigna su carta orgánica, reducir costos, adecuarse a los ratios que les debe exigir el nuevo ente supervisor, diversificar sus inversiones, en vez de fantasear con una empresa paralela para la que no está capacitado y con jugar al banquero con la plata ajena.