En la tarde del 19 de enero, cuatro asaltantes bien armados, dotados de chalecos antibalas y placas policiales, se llevaron de un motel luqueño 600.000 dólares, con los que presuntamente un ciudadano japonés iba a concluir la compra de un inmueble del dueño del lugar. Tres de los autores del golpe, ya identificados, cuentan con antecedentes penales: uno de ellos había salido en libertad mediante un indulto presidencial de 2012, en tanto que otro había sido preso en 2023 por haber intervenido en un atraco al exintendente de Escobar Gabriel Sánchez, pero estaba en libertad.
En la madrugada de anteayer, un empresario pakistaní-peruano fue asesinado a cuchilladas cuando dos jóvenes asaltaron una casa quinta de Capiatá. La firma importadora de vehículos, de la que la víctima era copropietaria, había sido atracada en julio de 2022: tres años más tarde, dos de los asaltantes fueron condenados a cinco años de prisión, pero estaban en libertad.
En la madrugada de ayer, un contador, que ya había sido atracado hace cuatro años, murió en su casa de Fernando de la Mora, tras un tiroteo con cuatro asaltantes, uno de los cuales también cayó abatido. Este último, Emerson Ruiz Costa (Pingüi), de apenas 20 años, tenía nada menos que siete procesos abiertos, por delitos tales como homicidio doloso, robo agravado, asalto, herida con arma de fuego a una niña de seis años, robo de arma a un policía. A pesar de sus frondosos antecedentes, era beneficiado con arresto domiciliario, y luego con prisión preventiva, pero él seguía en libertad. Algún responsable del Poder Judicial debería explicar tanta deferencia o negligencia con alguien tan peligroso como él, según las propias autoridades.
Los gravísimos hechos referidos, que ocurrieron en el departamento Central en el lapso de solo ocho días, bastan para evidenciar que la criminalidad en auge hace que el Paraguay de hoy se parezca muy poco a los países nórdicos, aunque no lo crea el presidente Santiago Peña. La zozobra está a la orden del día, no solo en las áreas fronterizas del Este. Cunde el temor a sufrir un atraco, pese a que los recursos humanos y materiales de la Policía Nacional (PN) han sido reforzados considerablemente, según informan con frecuencia las autoridades. Aparte de la deficiente preparación de parte del plantel, es notorio que la corrupción allí reinante convierte a no pocos agentes en cómplices de malhechores de todo tipo, como aquellos que entregan documentos de identidad a quien esté dispuesto a sobornarlos o cierran un ojo ante el tráfico callejero de drogas. Ayer mismo, cuatro policías fueron detenidos en el Este del país tras una denuncia de extorsión a automovilistas en puestos de control. El neologismo “polibandi” sigue incorporado al vocabulario nacional, de modo que la Dirección General de Asuntos Internos de la PN tiene mucho que hacer para que la población pueda confiar en las fuerzas del orden.
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También la desidia del Ministerio Público y la del Poder Judicial, evidentes en el caso de Pingüi, están ligadas a la frecuencia de los delitos cometidos por quien debería estar cumpliendo una medida sustitutiva de la prisión preventiva para asegurar que comparezca al proceso. Y bien, algunos hechos recientes, aparte de los antes mencionados, muestran que dicha medida no impide que los beneficiarios sigan delinquiendo.
En algunos de los casos referidos no se había aplicado la ley sobre “la implementación de los dispositivos electrónicos de control”, como las pulseras y las tobilleras, para el régimen del arresto domiciliario, entre otros. También la negligencia fiscal juega aquí un deplorable papel: en el caso de motoasaltantes, por ejemplo, el hecho de que el Ministerio Público no formule una acusación al cabo de seis meses, la causa queda extinguida y con ella la medida sustitutiva. Es necesario, pues, que en diversas instancias se tomen firmes decisiones que apunten a poner coto a la inseguridad imperante, que empeora cada vez más la calidad de vida de los paraguayos.