Hubo una reunión entre senadores, diputados y administradores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo y quedó claro que, salvo excepciones muy puntuales, no existe voluntad en ninguna de las corrientes políticas de desprenderse de privilegios. Por todos los medios intentaron justificar lo injustificable, falsamente afirmaron que la caja “goza de buena salud” y coincidieron en la burda excusa de tomarse tiempo para hacer una reforma supuestamente integral cuando, a lo sumo, solo se muestran dispuestos a consentir pequeños retoques sin cambiar lo principal.
La Caja Parlamentaria, regida por la Ley 6112/18 y las modificaciones introducidas por la Ley 6496/20, permite a los congresistas acceder a una jubilación vitalicia del 60% de sus dietas y gastos de representación, lo que equivale hoy a unos 23 millones de guaraníes mensuales, con tan solo diez años de aportes del 22%. Con quince años, la jubilación ordinaria es del 80%, o sea, 30 millones mensuales a valores presentes. En ambos casos, parte de la jubilación es trasladable a cónyuges, hijos menores o discapacitados. El afiliado tiene la opción de retirar de una vez hasta el 95% de todo lo que aportó.
La exsenadora Blanca Lila Mignarro (PLRA) y el exdiputado Mario Morel Pintos (ANR), presidenta y miembro del Consejo Directivo de la caja, aseguraron que la misma cuenta con liquidez y superávit hasta 2034 y que, “con pequeñas modificaciones, llegamos a 2040 con piloto automático”. Pero no es eso lo que muestran los números divulgados.
Para empezar, de acuerdo con las cifras que se dieron a conocer, la Caja Parlamentaria funciona más como una financiera “mau” (sin fiscalización del Banco Central) que como un sistema previsional. No se detalla a cuánto asciende el capital prestado ni a quiénes, como tampoco cómo se hace la gestión de riesgo ni qué garantías se exigen, pero se indica que los ingresos brutos por intereses de préstamos otorgados fueron de 28.095 millones de guaraníes en 2025, más del doble que el total de aportes de sus afiliados activos.
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Llamativamente, sin embargo, como ingreso neto por el mismo concepto solo se registraron 11.779 millones de guaraníes en el ejercicio. No se aclara qué pasó con los 16.316 millones restantes ni cuál es el nivel de morosidad e incobrabilidad de estas operaciones.
Los ingresos propiamente de aportes en 2025 sumaron 22.378 millones de guaraníes, incluyendo una contribución estatal de 5.000 millones. En contrapartida, los egresos por pago de haberes jubilatorios, más otros gastos menores, fueron de 37.116 millones de guaraníes en el año, lo que significa que la Caja Parlamentaria arrojó un déficit técnico de ¡más del 65%!
Supuestamente el agujero se cubre con los intereses obtenidos por préstamos y certificados de depósitos de ahorro, pero todo el “superávit” neto de 2025 fue de 4.657 millones de guaraníes, ya incluido el subsidio público, que no alcanzan ni para pagar dos meses de los actuales haberes jubilatorios, que demandan 2.825 millones de guaraníes por mes; y mucho menos a medida que más parlamentarios accedan al beneficio. Cabe señalar que desde el 2005 a la fecha los contribuyentes ya destinaron para la “jubilación vip” de los parlamentarios 34.367 millones de guaraníes, dinero que se podría haber invertido en hospitales, escuelas e infraestructura.
Con estos indicadores, son inexplicables las proyecciones presuntamente positivas que, según afirman, arroja un “estudio actuarial” (cuya copia no se proporcionó) hasta 2034, menos aún hasta 2040 y ni hablar en el largo plazo. Lo que terminará ocurriendo más temprano que tarde es que el saldo rojo será cada vez mayor y tendrá que ser solventado por los contribuyentes, tal como lo vaticina el diputado independiente Raúl Benítez.
Benítez es uno de los pocos que propugna una reforma profunda e inmediata. Casi todos los demás, tanto del oficialismo como de la oposición, tanto de la izquierda como de la derecha, desde Esperanza Martínez (PPC) hasta Silvio Ovelar (ANR), desde Dionisio Amarilla hasta Sergio Rojas (PLRA), usan pretextos y argumentos torcidos, buscan postergar cualquier modificación, y hasta piden que el Estado sea “buen patrón” y triplique su aporte a la caja. Pero cabe señalar que desde el 2005 a la fecha los contribuyentes ya destinaron para la “jubilación vip” de los parlamentarios 34.367 millones de guaraníes, dinero que se podría haber invertido en hospitales, escuelas e infraestructura.
Al margen de lo financiero, es fundamental e imperioso eliminar los privilegios de la Caja Parlamentaria y equiparar sus beneficios a los de todo el resto de la población porque los congresistas no pueden pretender legislar sobre las jubilaciones de los demás funcionarios públicos sin empezar por casa. Si no lo hacen, el crucial proyecto de reforma de la Caja Fiscal va rumbo al fracaso.
La “jubilación vip” de los parlamentarios es financiera y, sobre todo, moralmente insostenible. A juzgar por las actitudes expresadas, tal parece que la moral les importa un comino.