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AREGUÁ (Antonia Delvalle C., corresponsal).- La Junta Departamental conformó una comisión especial para investigar la adjudicación de provisión de productos para el almuerzo escolar a raíz de denuncias de las empresas oferentes. Las quejas se presentaron tanto ante el órgano deliberativo, como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Se trata de la licitación N° 1 “Pan Lacteado para el complemento nutricional en las escuelas del Departamento Central” y de la “subasta a la baja electrónica N° 03/2014 para la adquisición de almuerzo escolar para el año 2014”. De acuerdo a una denuncia presentada por escrito por Gabriel Villanueva, representante legal de Pino Ty SA, en la subasta para la adquisición del almuerzo escolar fueron descalificados arbitrariamente, a pesar de su experiencia en brindar el servicio a gobernaciones, como de Presidente Hayes e incluso Central.
Agrega que no se tuvo en cuenta que su oferta es de G. 9.521 millones contra G. 10.425 millones del Consorcio Conmepar y Asociados, que fue beneficiado. Señala como una irregularidad que la ganadora no presentó siquiera garantía de mantenimiento de oferta o póliza de seguro, sino apenas una intención, contrariando lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.
Además, las empresas Conmepar SA y Plasma SA, que integran el Consorcio Conmepar, presentaron “constancias de no estar inscriptas en el Ministerio del Trabajo y en el Instituto de Previsión Social (IPS). Esto resulta llamativo, pues estarían teniendo personal sin seguro social en contravención con el Código Laboral Paraguayo, indica el escrito.
“Está en curso la protesta que presentamos ante Contrataciones Públicas, cuya copia adjuntamos, pero queremos poner a conocimiento de la Junta Departamental, pues la empresa que fue injustamente beneficiada está solicitando se le pague un anticipo de G. 3.000 millones y que de ganar nosotros la protesta, como corresponderá en justicia, estos tres mil millones ya no serían recuperados y sería un perjuicio tanto para la Gobernación como para nosotros”, resalta parte de la nota enviada a la Junta Departamental por Villanueva.
Piden al legislativo que se pronuncie lo más rápido posible al respecto, con el objetivo de impedir que se concrete el millonario desembolso.
Además de Pino Ty y Conmepar y Asociados otras oferentes fueron Todo Morfi SRL (G. 7.170 millones), Girasol SA (G. 7.193 millones) y Patricia Esther Fernández (G. 10.981 millones). Todas fueron eliminadas por diversos “incumplimientos”.
Pan lacteado
Por otro lado, Mirian Duarte Ramírez, propietaria del Comercial y Panadería “Don Remigio” denunció que la licitación pan lacteado fue adjudicada a la oferta más cara, atentando contra cientos de escolares, en contravención a la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas. En dicho sentido fueron contratadas las empresas Arcángel SA, representada por María Gavilán (G. 12.988.440) y Villa Madrid SA, representada por Mónica Gómez (G. 8.611.560). Según datos, la última es sobrina de los Gómez Verlangieri, caudillos liberales y correligionarios del gobernador Blas Lanzoni.
La denunciante indica que no se hace referencia alguna al cumplimiento de los requisitos técnicos, económicos y/o de experiencia de las firmas adjudicadas”. Agrega que fueron descalificados porque utilizaron como parámetro una muestra de producto analizado en la que se observan valores de información nutricional que superan lo permitido, pero que no está contemplado en el Pliego de Bases y Condiciones, que es apenas una muestra de ensayo.
Diferencias
Por otro lado, se denunció en la Junta Departamental que en escuelas de Ypacaraí se repartieron panificados lacteados con envoltorios que no tienen la inscripción de: “Gobernación del departamento Central, prohibida su venta”. También difieren en tamaño.
Debió informar a la Junta
Ante una consulta de la Junta Departamental, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informó por nota que el gobernador Blas Lanzoni tiene atribuciones para llamar a licitación, pero el resultado debe poner a consideración del legislativo departamental. Pero, la Junta fue ignorada por el Ejecutivo y ahora soporta denuncias de las firmas ante Contrataciones Públicas. La Ley 426/94 “Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental” en su artículo 20 señala que son deberes y atribuciones de la Junta Departamental aprobar o rechazar la adjudicación de licitaciones y concursos de precios para la contratación de obras y servicios públicos departamentales.