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ENCARNACIÓN (José González, de nuestra redacción regional). El intendente Luis Yd (PQ) comunicó ayer que recibió de la Contraloría General de la República (CGR) la respuesta a una denuncia que realizó cuando era concejal municipal, en setiembre del año 2014, sobre la concesión irregular de la explotación comercial “exclusiva” del servicio de cartelería publicitaria en las tres playas públicas de Encarnación (Pacú Cua, San José y Mbói Ka’ê) a la empresa Puertas del Sur, representada por Ezequiel García Rubín y Juan Andrés Szopa. El contrato fue firmado en la administración de Joel Maidana (ANR) y la conclusión remitida ahora por el ente contralor habilita al jefe comunal a llamar a una licitación.
“Próximamente procederemos al llamado a licitación, que es lo que se debió hacer en su momento, por el canon mínimo de G. 900 millones”, dijo ayer Yd.
El contrato fue firmado bajo la figura de “convenio marco de cooperación” para disfrazar la concesión directa del negocio de venta de espacios publicitarios a la empresa por G. 400 millones anuales y por cinco años. El monto es irrisorio, considerando que la actividad en cuestión se constituye en una “mina de oro” en las tres playas en la nueva capital del verano de nuestro país.
Once integrantes de Junta Municipal convalidaron la entrega directa de la explotación del negocio. Solamente el entonces edil, Luis Yd, se opuso.
La reacción de distintos sectores fue inmediata, entre ellos de empresarios publicitarios que se sintieron excluidos de la posibilidad de presentarse con propuestas porque las negociaciones se manejaron entre “cuatro paredes”.
La primera concesión directa de explotación de publicidad se produjo en 2012, cuando el entonces intendente Juan Schmalko (ANR) entregó sin mediar licitación la explotación de la playa San José a un grupo comercial integrado por Juan Andrés Szopa, Afara Salomón y Jorge Báez Parzajuk.
Báez Parzajuk fue director de playas de la Municipalidad de Encarnación y era hombre de confianza de Joel Maidana. Fue denunciado por la administración actual por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, apropiación y estafa.