Cerebro de megaevasión, en su casa

El sindicado por el Ministerio Público como el “cerebro” de la megaevasión impositiva, Ignacio Urbieta, cumple arresto domiciliario en el exclusivo Paraná Country Club. Ahora, su supuesto cómplice, el contador Alfredo Brítez, también pretende salir de la cárcel de Coronel Oviedo.

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CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). El contador Ignacio Urbieta es investigado por el Ministerio Público por una megaevasión al fisco, que involucra a 285 empresas de diferentes ramos. La fiscalía sindica a Urbieta como el “cerebro” del esquema que defraudó al fisco por unos 270 millones de dólares (más de G. 1,6 billones).

El juez penal de garantías de Ciudad del Este, Marino Méndez, dispuso en marzo último que Urbieta guarde reclusión en la cárcel de Coronel Oviedo. Sin embargo, en la mañana del martes la Cámara de Apelaciones de la capital departamental, presidida por el juez Aniceto Amarilla e integrada por Mirian Meza de López y Marta Acosta (votó en disidencia), revocó la resolución de Méndez y ordenó el arresto domiciliario del procesado.

Desde la noche del martes Urbieta guarda prisión domiciliaria en su casa del exclusivo Paraná Country Club.

Su supuesto cómplice, el contador Alfredo Brítez, también pretende salir de la cárcel de Coronel Oviedo, donde se encuentra desde abril. En su caso, para este jueves se prevé la audiencia de revisión de medidas ante el juez de la causa, Marino Méndez.

El abogado de Urbieta, Rubén Melgarejo Lanzoni, manifestó que debido a la expectativa de pena de los hechos punibles por los que se investiga a su cliente, además del arraigo y otros requisitos, corresponde el arresto domiciliario. Además, explicó que Urbieta tiene prohibido salir del país, acercarse a los coprocesados y a empresas investigadas.

También debe ir todos los lunes ante el Juzgado a firmar el libro de comparecencia y realizarse una evaluación médica periódica con el forense del Poder Judicial.

Igualmente, los abogados Rubén Melgarejo y Ciriaco Urbieta otorgaron una fianza personal de G. 1.000 millones y se ofreció una caución real de G. 5.500 millones en inmuebles que estarán embargados de manera preventiva.

El fiscal coadyuvante en el caso, Marcelo Saldívar, explicó ayer que el procedimiento realizado por la Cámara de Apelaciones corresponde en derecho. Sin embargo, señaló que no deja de llamar la atención la celeridad con que se cumplió la disposición de la Cámara de Apelaciones.

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