Hay ocho procesados por conflicto armado en la estancia “Laguna”

El fiscal de Salto del Guairá, Lorenzo Lezcano, procesó hasta ahora a ocho personas en la causa que corresponde al enfrentamiento armado protagonizado por indígenas y guardias privados, el domingo último, en la estancia Laguna SA, en Corpus Christi. Siete son guardias privados y uno es miembro de la Pastoral Social.

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CORPUS CHRISTI, departamento de Canindeyú (Rosendo Duarte, corresponsal).- De acuerdo a la versión de los indígenas, eran aproximadamente las 05:00 del domingo cuando al menos 30 guardias de la estancia Laguna SA, administrado por David Morandini, irrumpieron en la comunidad y sin mediar palabra comenzaron a disparar armas de fuego contra ellos, incluso contra niños y mujeres.

Los custodios dijeron inicialmente que usaron solamente balines de goma, y uno de los asesores jurídicos de la firma Laguna SA indicó que dos o tres guardias enfrentaron a los indígenas.

Los guardias también acusaron a los nativos de incinerar una patrullera de Leo SA, propiedad de Ofelio Vargas, firma para la que trabajan los custodios de la estancia Laguna SA.

El Ministerio Público abrió hasta ahora dos frentes de investigación a fin de aclarar las circunstancias del enfrentamiento armado entre indígenas de la parcialidad ava guaraní y guardias de seguridad.

Por un lado, las averiguaciones apuntan al esclarecimiento de la muerte del guardia Fernando Riquelme Franco, quien falleció horas después de recibir un tiro en la cabeza, supuestamente disparado por indígenas durante el enfrentamiento.

Por otro lado, Lezcano ordenó la detención de los guardias Teodoro Giménez Rodríguez, Lino Acosta Domínguez, Ricardo Vargas y Mario Troche. Este último sigue internado en Ciudad del Este.

Además, están detenidos Agustín Rojas Armoa, Emiliano Ramón Pintos Ruiz, Elio Vargas Colmán y Nazario Marecos Gómez, quien sigue internado en el hospital regional de Salto del Guairá.

Miembro de Conapi

También fue detenido por orden fiscal Édgar Fermín Samaniego Florenciano, miembro de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi). Fue sindicado por el guardia Marecos Gómez como uno de los responsables de torturas a las que fue sometido cuando fue tomado de rehén por los nativos tras el enfrentamiento armado. Según Marecos, él fue atado a un árbol y sometido a todo tipo de apremios físicos por casi cuatro horas.

Otro guardia que denunció haber sido capturado y torturado por los indígenas fue Agustín Rojas Armoa. Dijo que recibió golpes y pequeñas heridas causadas con la punta de un cuchillo en diversas partes del cuerpo. Aseguró a la fiscalía que fue tomado por los indígenas al día siguiente del enfrentamiento, y que luego de ser atado a un árbol, fue sometido a torturas.

El Ministerio Público analiza también la responsabilidad en el suceso del propietario de la empresa Leo SA, Ofelio Vargas, y podría solicitar su prisión en cualquier momento.

Balas de plomo

Los guardias de seguridad de la empresa Leo SA utilizaron balas de goma y también de plomo en el tiroteo, según el informe de la doctora Ada Celeste Recalde, directora del centro asistencial, donde fue atendido uno de los indígenas heridos.

También ayer llegó al asentamiento de los indígenas la directora de Derechos Étnicos del Ministerio Público, Dora Penayo. La funcionaria dialogó con los aborígenes y con base en lo conversado debe elevar un informe a la Fiscalía General con respecto al suceso.

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