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Tras varias diligencias, los 20 presuntos sintierras fueron imputados por el delito de invasión y se ordenó el desalojo de la propiedad. Sin embargo, “utilizando varias chicanerías jurídicas y extrajurídicas, la orden no se cumplió”, mencionó el abogado.
En setiembre de 2011 la causa fue elevada a juicio oral por el juez Paulino Escobar, pero la resolución fue apelada, y desde ese momento el expediente se encuentra “durmiendo” en la Cámara de Apelaciones de Caacupé.
Franco indicó que en su momento solicitó un recurso de amparo preventivo al juez Penal de Garantías de Caacupé, Paulino Escobar, ante la posibilidad de más invasiones. Sin embargo, el magistrado lo rechazó por considerar que no existía tal amenaza.
El representante de la inmobiliaria dijo que pese a demostrar la legalidad de la propiedad, no ve que la justicia esté actuando.
Otra invasión
Sin embargo, el 8 de junio del 2011, otro grupo de 300 invasores ingresó a una propiedad colindante de 1.426 hectáreas, perteneciente a la misma firma, ubicada en la compañía Pindoty.
Los invasores integran la Coordinadora de Asentamientos de Cordillera, afiliada a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), y son liderados por Victorino Núñez y Alcides Vargas.
Esta invasión es investigada por el fiscal Elvio Aguilera, que se constituyó en el sitio el 16 de junio del mismo año para identificar a los ocupantes. Sin embargo, no pudo hacerlo porque todas las personas que estaban en el lugar se negaron a identificarse y la mayoría se tapó el rostro.
Desde ese día, el caso está paralizado, debido a chicanerías por parte de la defensa de los invasores, que recusaron al agente en dos ocasiones.
Aguilera fue nuevamente confirmado en el cargo, y según fuentes en la fiscalía, hace más de dos meses está preparando una nueva incursión fiscal y judicial en el inmueble, que nunca llega.
Juan Méndez, arrendatario del inmueble y que se dedica a la ganadería, lamentó la desidia e inacción de los fiscales, teniendo en cuenta que ya se les presentaron todos los documentos que acreditan fehacientemente la legitimidad de esas tierras, y pese a todo eso, tienen que seguir soportando el problema.
“Están pelando la zona”
Muchas de las personas que invadieron la propiedad de 1.426 hectáreas en la compañía Pindoty poseen viviendas, vehículos y fábricas de materiales de construcción. Vecinos del lugar que no quisieron identificarse por temor a represalias indicaron que a diario salen del lugar camiones y camionetas transportando rollos de madera, metrillos y leñas. “Están pelando la zona”, señalaron.
Lo que se extrae aparentemente se comercializa en fábricas de Tobatí por los mismos ocupantes, ante la inacción de la justicia. La fiscal María Bernarda Álvarez es otra de las agentes que investigan los daños al ambiente y la depredación en el lugar desde hace varios meses, pero sin avances.