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BUENOS AIRES (EFE, AFP). La exmandataria es actualmente senadora y dispone de fueros, por lo que se hizo necesario que el Senado habilite el registro ordenado por un juez.
La aprobación del Senado se dio este miércoles, luego de un mes y medio desde que el juez emitiera la orden de allanamiento, por lo que a estas alturas resulta discutible la eficiencia del procedimiento.
No obstante, la orden preveía escaneos de las paredes para determinar si existen bóvedas o compartimentos ocultos, donde pudieran guardarse valores.
La investigación busca determinar el destino de bolsas llenas de dinero, entregadas por empresarios para pagar sobornos con el objetivo de conseguir obras públicas, que fuera revelado por el registro, durante una década, de un chofer de funcionarios que se dedicaban a recoger dichos bolsos, y varios de ellos eran llevados a los inmuebles de Cristina de Kichner y de su fallecido esposo, y que también fuera presidente, Néstor Kirchner.
Al filo del mediodía, elementos de la Policía Federal ingresaron al bloque de apartamentos del barrio de Recoleta de Buenos Aires donde reside Cristina Kirchner cuando está en la capital.
El juez Claudio Bonadio también solicitó allanar los otros dos domicilios de la ex jefa de Estado: en las localidades patagónicas de Río Gallegos y El Calafate.
El “cuadernazo”
La investigación de los sobornos se hizo pública el 1 de agosto pasado y ha dejado multitud de empresarios y exfuncionarios imputados, de los que alrededor de una quincena han declarado, acogiéndose a beneficios penales si colaboran con la Justicia, lo que ha aportado más datos comprometedores contra el matrimonio presidencial y altos funcionarios de su administración.
Por ejemplo, el exfuncionario Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales, confesó que llevaba a casa de Kirchner bolsos con dinero que recaudaba en las concesionarias viales y que, en algunas ocasiones, la propia Cristina se encontraba presente.
Asimismo, el empresario Gabriel Romero afirmó que pagó 600.000 dólares para que Fernández firmara el decreto de extensión de la concesión a su empresa, hasta el 2021, del mantenimiento de la hidrovía del Paraná.