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RÍO DE JANEIRO (EFE).Las empresas habrían pagado 36 millones de reales (unos 20 millones de dólares, al cambio de la época) a esos grupos de presión, cuya actividad no está regulada en Brasil, y habrían negociado sobornos con miembros del Ejecutivo y con diputados y senadores, según mensajes obtenidos por el diario.
El objetivo del grupo era la prórroga del plazo de un decreto que concedía importantes rebajas tributarias a los fabricantes de automóviles, calculadas en 1.300 millones de reales (unos 740 millones de dólares) al año.
Los documentos citan a las empresas MMC Automotores, subsidiaria de Mitsubishi, y el Grupo CAOA, fabricante y vendedor de marcas como Hyundai, Ford y Subaru.
El Gobierno de Lula aprobó el 20 de noviembre de 2009 el decreto que prorrogó hasta 2015 los descuentos tributarios, que se concedieron como un incentivo a las ventas de coches, que se habían resentido por la crisis, y como un impulso al sector, considerado como uno de los pilares de la industria brasileña y uno de los que más mano de obra emplea.
Un mensaje entre las empresas divulgado por el diario, del 15 de octubre de 2010, dice que hubo un “acuerdo para la aprobación del decreto” que prorrogó los incentivos.
Ese texto también afirma que el “lobista” Mauro Marcondes se comprometió a pagar 4 millones de reales (unos 2,5 millones de dólares de la época) a “personas del Gobierno, PT”, en alusión al Partido de los Trabajadores, formación de Lula y de la actual presidenta, Dilma Rousseff, aunque incumplió su compromiso.
El diario también sostiene que la firma del “lobista”, Marcondes & Mautoni, hizo un pago de 2,4 millones de reales (1,45 millones de dólares, aproximadamente) en marzo de 2011 a la empresa de marketing deportivo de un hijo de Lula.
El hijo de Lula confirmó al diario el cobro de esa cifra y afirmó que fue debido a proyectos de mercadotecnia deportiva para Marcondes & Mautoni, empresa que, según el rotativo, se dedica exclusivamente a asesorar a compañías y asociaciones del ramo automovilístico.