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“Brasil es el onceavo país más letal del mundo para los periodistas, y por lo menos 12 han sido asesinados en represalia directa por su trabajo desde que Dilma Rousseff asumió el poder en 2011”, detalla el CPJ, con sede en Estados Unidos, en su informe “Segundo Tiempo para la Prensa Brasileña”.
“Pese a una serie de condenas, la violencia está aumentando, de la misma forma que la crisis de impunidad en el país”, agrega la organización sin fines de lucro, que vela por el libre desempeño del trabajo periodístico.
Para Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, Brasil cuenta con una prensa vibrante y fuerte, pero “los periodistas regularmente son asesinados impunemente” o “sometidos al asedio legal y la censura judicial”.
“¿Será que el gobierno de Rousseff tiene la voluntad y la determinación necesaria para repeler la cultura de impunidad y acabar con el asedio jurídico de los medios de comunicación?”, se pregunta el informe.
Una de las últimas muertes fue la del camarógrafo Santiago Andrade, de la red televisiva Bandeirantes, que recibió el impacto de una bengala encendida en la cabeza cuando cubría una protesta por el aumento de las tarifas en el transporte público en Río de Janeiro. Dos manifestantes fueron responsabilizados por el hecho.
La organización asegura que las leyes permiten que personalidades poderosas demanden judicialmente a periodistas críticos, lo que perjudica a los distintos medios y blogueros y les impide ir detrás de historias importantes.