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BUENOS AIRES (EFE). La firma brasileña admitió haber pagado en Argentina unos US$ 35 millones en concepto de sobornos, un hecho que ha llegado a salpicar tanto a funcionarios del anterior Gobierno como del actual.
Esos sobornos le habrían permitido acceder a contratos por unos US$ 278 millones.
Odebrecht fue calificada como la adjudicataria extranjera “favorita” de los Kirchner para las obras públicas, según una investigación del periódico español El País.
La constructora brasileña es la principal protagonista del mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil y Latinoamérica, descubierta por la operación judicial “Lava Jato” en torno a la petrolera estatal Petrobras.
Odebrecht es uno de los mayores conglomerados empresariales de ingeniería de América Latina, con presencia en 23 países y que antes del escándalo del “Lava Jato” facturaba cerca de US$ 40.000 millones al año.
Con la repartija de unos 736 millones de dólares en sobornos y financiamiento de campañas electorales de cientos de políticos en Brasil y otros doce países se aseguraba de ganar las licitaciones y obtener las concesiones de obras públicas más importantes no solo de Brasil, sino también en Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia y México.
De Vido
El juez federal Daniel Rafecas procesó al detenido exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Energía Daniel Cameron, entre otros, por presuntamente haber favorecido a la constructora Odebrecht en la adjudicación de dos contratos para la ampliación de dos gasoductos en Argentina.
La obra, a cargo exclusivo de la empresa brasileña y proyectada para el periodo 2006-2008, alcanzaba a la totalidad de los gasoductos que atraviesan el país y estuvo presupuestada inicialmente en más de US$ 2.300 millones.
La investigación apunta a que los acusados realizaron actos para favorecer a la empresa y que resultara adjudicataria de la construcción.
El magistrado abrió un proceso penal contra De Vido –quien fue el máximo encargado de las áreas de obras públicas, energía y vivienda en Argentina y que está en prisión preventiva por otras causas por corrupción– por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, que según el código penal argentino prevé penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
Para el magistrado Rafecas, se probó que el exministro “creó el marco normativo necesario” para que se procediera al llamado a una “licitación privada”.
Los procesos que implican actualmente en el país a la constructora son por la concesión del proyecto de ampliación de gasoductos, la ampliación del ferrocarril Sarmiento licitada en 2006 y la de una planta potabilizadora en la localidad bonaerense de Tigre y una depuradora en la también bonaerense Berazategui, encargadas por la estatal AYSA.