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BUENOS AIRES (EFE). El magistrado Sebastián Casanello procesó por presunto cohecho pasivo a De Vido –en prisión desde octubre de 2017 por otras causas–; al exsecretario de obras públicas José López –detenido desde que en julio de 2016 fue sorprendido guardando millones de dólares en un convento– y al también funcionario del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.
El juez también imputó en calidad de intermediario a otros exfuncionarios del kirchnerismo y a otros tres profesionales uruguayos que participaron en la estructura jurídica y financiera de Sabrimol Trading SA.
Las fuentes denominaron como “off shore” esa sociedad con sede en Montevideo, que presuntamente recibía transferencias consideradas sobornos que Odebrecht enviaba “en forma clandestina a funcionarios públicos”.
En la causa se investigan obras de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) en las que participaron las constructoras Odebrecht y Camargo Correa, asociadas con firmas argentinas.
La constructora brasileña es la principal protagonista del mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil y Latinoamérica, descubierta por la operación judicial “Lava Jato” en torno a la estatal Petrobras.
Investigación
En concreto, se trata de la contratación para las obras “Planta Depuradora Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Odebrecht-Benito Roggio e Hijos- Supercemento-José Cartellone, y “Planta Depuradora Berazategui”, adjudicada al consorcio de empresas Esuco-Camargo Correa.
La investigación apunta a que los empresarios habrían pagado sobornos para “direccionar las contrataciones y también para reactivar pagos adeudados a las empresas”.
Por la misma causa ya están procesados los empresarios Carlos Wagner (Esuco), Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos SA) y Tito Biagini (José Cartellone Construcciones Civiles), y de las exautoridades de AySA Carlos Ben (presidente) y Raúl Biancuzzo (exdirector de infraestructura) .
El juez argentino dispuso embargos por unos US$ 13,17 millones por cabeza tanto a las empresas como a las personas supuestamente involucradas, y solicitó la extradición de nueve ejecutivos brasileños de Odebrecht y de Camargo Correa sospechados de intervenir en las contrataciones que beneficiaron a esas empresas y en el pago de sobornos.
En paralelo, la justicia argentina investiga a la constructora brasileña en otros dos expedientes: la concesión a Odebrecht de un proyecto de ampliación de gasoductos (2006-2008) y la ampliación del ferrocarril Sarmiento licitada en 2006.
Confesión de la empresa
Odebrecht admitió en diciembre de 2016 haber pagado en Argentina unos US$ 35 millones en concepto de sobornos durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Odebrecht fue calificada como la adjudicataria extranjera “favorita” de los Kirchner para las obras públicas, según una investigación del periódico español El País.