BUENOS AIRES (EFE). El magistrado Sebastián Casanello procesó por presunto cohecho pasivo a De Vido –en prisión desde octubre de 2017 por otras causas–; al exsecretario de obras públicas José López –detenido desde que en julio de 2016 fue sorprendido guardando millones de dólares en un convento– y al también funcionario del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.
El juez también imputó en calidad de intermediario a otros exfuncionarios del kirchnerismo y a otros tres profesionales uruguayos que participaron en la estructura jurídica y financiera de Sabrimol Trading SA.
Las fuentes denominaron como “off shore” esa sociedad con sede en Montevideo, que presuntamente recibía transferencias consideradas sobornos que Odebrecht enviaba “en forma clandestina a funcionarios públicos”.
En la causa se investigan obras de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) en las que participaron las constructoras Odebrecht y Camargo Correa, asociadas con firmas argentinas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La constructora brasileña es la principal protagonista del mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil y Latinoamérica, descubierta por la operación judicial “Lava Jato” en torno a la estatal Petrobras.
Investigación
En concreto, se trata de la contratación para las obras “Planta Depuradora Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Odebrecht-Benito Roggio e Hijos- Supercemento-José Cartellone, y “Planta Depuradora Berazategui”, adjudicada al consorcio de empresas Esuco-Camargo Correa.
La investigación apunta a que los empresarios habrían pagado sobornos para “direccionar las contrataciones y también para reactivar pagos adeudados a las empresas”.
Por la misma causa ya están procesados los empresarios Carlos Wagner (Esuco), Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos SA) y Tito Biagini (José Cartellone Construcciones Civiles), y de las exautoridades de AySA Carlos Ben (presidente) y Raúl Biancuzzo (exdirector de infraestructura) .
El juez argentino dispuso embargos por unos US$ 13,17 millones por cabeza tanto a las empresas como a las personas supuestamente involucradas, y solicitó la extradición de nueve ejecutivos brasileños de Odebrecht y de Camargo Correa sospechados de intervenir en las contrataciones que beneficiaron a esas empresas y en el pago de sobornos.
En paralelo, la justicia argentina investiga a la constructora brasileña en otros dos expedientes: la concesión a Odebrecht de un proyecto de ampliación de gasoductos (2006-2008) y la ampliación del ferrocarril Sarmiento licitada en 2006.
Confesión de la empresa
Odebrecht admitió en diciembre de 2016 haber pagado en Argentina unos US$ 35 millones en concepto de sobornos durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Odebrecht fue calificada como la adjudicataria extranjera “favorita” de los Kirchner para las obras públicas, según una investigación del periódico español El País.