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El 30 de julio se “votarán” los 545 miembros de la Constituyente, a través de un mecanismo inventado por el régimen para ganar la mayoría aunque alrededor del 80% del pueblo está en su contra, de acuerdo al resultado de las últimas elecciones legislativas (después de eso todas las demás fueron suspendidas) y todos los estudios de opinión.
El régimen chavista ha recurrido desde siempre al aparato estatal para sus movilizaciones electoralistas partidarias, pero en las ocasiones en que más amenazados de perder se vieron, la presión se incrementa.
“Tienen que configurar el Comité Constituyente por empresa y agarrar la nómina y llamar a todos los trabajadores (...) y organizar la forma en que van a ir a votar”, dijo Maduro.
“Y al final del día revisen la nómina, si tenemos 15.000 trabajadores, deben votar los 15.000 trabajadores, sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía, vamos todos a votar por la Constituyente. ¿Se entiende?”, advirtió.
En elecciones previas, empleados públicos han denunciado que fueron presionados por el Gobierno para actuar según los dictados del mismo.
Una multitud de empleados, incluidos policías y administrativos, fueron despedidos en 2016 tras firmar a favor de un referéndum revocatorio contra Maduro.
Actualmente, existen en Venezuela unos 2,8 millones de empleados estatales.
“Esto es la locura: trabajador que no vaya a votar será despedido si no demuestra con veracidad el porqué no fue a votar ¿Es democracia o dictadura?”, dijo un trabajador de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que pidió proteger su identidad.
