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ESTADOS UNIDOS (Reuters, AFP). La prohibición temporal para que ciudadanos de siete países ingresen a EE.UU. decretada por el presidente Donald Trump enfrenta el primero de varios obstáculos legales ante el Tribunal de Apelaciones.
Cumpliendo con el plazo establecido por ese órgano judicial para respaldar las medidas migratorias del presidente, la Casa Blanca presentó las documentaciones y defendió la validez del polémico decreto que veta el ingreso de refugiados e inmigrantes a EE.UU., por ser “ejercicio legal” de la autoridad del presidente Donald Trump.
Además, pidió a la Corte de Apelaciones de San Francisco (California) que mantenga la validez del veto, y apuntó que el bloqueo a las medidas previstas en el decreto es “enormemente amplio”.
En un decreto del 27 de enero pasado, el mandatario prohibió por 90 días el ingreso a EE.UU. de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen –mayoritariamente musulmanes– y suspendió la llegada de refugiados.
La medida rápidamente provocó protestas en varias ciudades de Estados Unidos y el exterior, y sus críticos advierten que la prohibición podría perjudicar la cooperación antiterrorista al promover la propaganda del Estado Islámico. Pero el viernes último un juez federal de Seattle (estado de Washington) dejó en suspenso la implementación del decreto en todo el país.
Gigantes de la tecnología como Apple, Google y Microsoft se unieron a otras 100 compañías y presentaron un escrito legal para oponerse al veto contra los inmigrantes argumentando que “infringe un daño significativo a empresas de EE.UU.
Trump acusó ayer a la prensa de ignorar ataques de militantes islamistas en Europa, pero no dio ejemplos específicos. “Está pasando en toda Europa (...) Y en muchos casos, la prensa deshonesta no quiere reportarlo”.
Contrapoderes
La suspensión por la justicia federal del decreto “antiinmigración” de Donald Trump, junto con la fuerte movilización de los opositores del presidente republicano, ilustra el vigor de los contrapoderes en Estados Unidos, donde los presidentes han visto a menudo obstaculizados sus proyectos.
Sin embargo, existe un acalorado debate sobre la capacidad de los poderes Legislativo y Judicial de frenar con eficacia a un presidente determinado a ejercer su autoridad como un director ejecutivo de una empresa.
Tanto desde la izquierda como desde la derecha, se teme una deriva autoritaria del hombre que durante la contienda electoral, en julio de 2016, afirmó ser “el único” que podía reformar el país.