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Artur Mas –presidente catalán de 2010 a 2016–, su exvicepresidenta Joana Ortega y la exresponsable de Educación Irene Rigau responderán a los cargos de desobediencia y prevaricación. En su defensa argumentan que garantizaron “el derecho a la libertad de expresión” de los catalanes que querían pronunciarse sobre el futuro de esta región de 7,5 millones de habitantes.
Según la acusación, deberían ser inhabilitados para ejercer cargos públicos tras haber organizado el 9 de noviembre de 2014 en escuelas y con material público una consulta sobre la independencia de Cataluña prohibida por el Tribunal Constitucional español.