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MONTEVIDEO (AFP). En una rueda de prensa en la capital uruguaya Novoa indicó, junto a su par de Argentina, Susana Malcorra, que “no va a haber Cumbre presidencial y sí el traspaso presidencial a Venezuela”, que deberá ejercerla por seis meses.
Las “condiciones políticas particulares que viven algunos socios”, como es el caso de Brasil y Venezuela, es el motivo para no realizar la cumbre, afirmó Novoa y destacó que “no necesariamente el traspaso de la presidencia pro témpore está asociado a una cumbre” de presidentes.
“Uruguay está firmemente apegado a las normas internacionales de derecho y a cumplir con los compromisos que tiene establecidos”, alegó el canciller uruguayo.
“Las normas mercosurianas establecen que la rotación será semestral; Uruguay tiene la presidencia y cuando termina en julio va a pasarla. Antes o después veremos las condiciones sobre este aspecto”, subrayó Novoa.
En ese sentido, Novoa señaló que el traspaso se hará tal como lo establecen las normas del bloque aduanero, aunque “Uruguay seguirá con la agenda externa” en lo que refiere a asuntos referidos a la extrazona, “sobre todo con las negociaciones con la Unión Europea”.
De esta manera, el traspaso se debe concretar a nivel de cancilleres y Novoa debería entonces derivar el comando del bloque a su par de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La realización de la cumbre ya afrontaba enormes dudas debido a la crisis política que afecta a Venezuela, así como por la situación inestable en Brasil donde ejerce un gobierno interino a la espera de un eventual juicio de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff.
Malcorra llegó en la jornada a Montevideo en una breve visita para abordar temas bilaterales e internacionales en común y participó también junto a Novoa en un almuerzo para conmemorar el Día de la Exportación.
Caso Paraguay
El canciller uruguayo afirmó que “Uruguay está firmemente apegado a las normas internacionales de derecho”, no obstante no hizo mención a lo realizado por ese país durante la suspensión ilegal del Paraguay del Mercosur en el año 2012.
El propio José Mujica, presidente uruguayo en ese entonces, confesó tiempo después, que el apoyo de Uruguay a la ilegítima suspensión fue una “decisión política por sobre lo jurídico”.