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Álvaro Arias, Paola Villalba y Gustavo Dos Santos, abogados de Nancy Lucina Godoy, rechazaron las supuestas versiones de que la defendida tenga vínculo con miembros del Jurado de Enjuiciamiento, para presionar en un caso en el cual Godoy está imputada por unos G. 6.000 millones por presuntas irregularidades en el provisión de alimentos a la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia.
“El Ministerio Público, por medio de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, a través de la fiscala Josefina Aghemo, decidió presentar una acusación en contra del que fuera ministro secretario de la Niñez y la Adolescencia, José Orué, de una serie de funcionarios de alto rango de esa dependencia, quienes tuvieron a su cargo la firma del contrato con la empresa Granos y Aceites S.A. y le acusa a Nancy Godoy (apoderada de la firma) por lesión de confianza y estafa”, explicó Arias.
Agregó que los hechos refieren lo siguiente: se firmó un contrato para que Granos y Aceites S.A. provea a la Secretaría de la Niñez de productos alimenticios, leche, chocolatada, etc. para centros comunitarios de todo el país.
“Se firmó un contrato y ese contrato se cumplió, la firma Granos y Aceites S.A. cumplió con el Estado. Tal es así que, luego, ya con el gobierno de Horacio Cartes, el nuevo ministro de la Secretaría de la Niñez, emitió un certificado de fiel cumplimiento de contrato, el cual nosotros hemos agregado a la carpeta fiscal y cuando se haga la audiencia preliminar vamos a ofrecer como prueba”, señaló Arias.
Agregó que el contrato tenía una póliza de seguros y que esa póliza no fue ejecutada, “justamente porque se cumplió con el contrato”.
Añadió que se cuenta igualmente con un informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que también certifica que se cumplió con el contrato y no hay ninguna irregularidad en el mismo. Este informe fue solicitado luego de que el Ministerio Público acusara a Nancy Godoy.
“Durante la etapa preparatoria, es decir durante la investigación que llevó adelante la Fiscalía se hicieron tres pericias, dos de la Fiscalía y uno de la defensa. Las dos de la Fiscalía no concluyeron. Es decir, no señalaron si hubo daño o no, o sea si se causó un perjuicio. Sin embargo, la pericia encomendada por la defensa al abogado, ex director de Contrataciones Públicas, Eduardo De Gasperi, señala de que no hubo irregularidades”, resaltó.