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En la tarde de ayer se reanudó el dilatado juicio oral de cohecho pasivo agravado que enfrentan el exfiscal Gamba y el abogado Juan Enmanuel Portillo, luego de que la Cámara de Apelaciones rechazó la recusación del defensor público Ronald González.
El agente del Ministerio de la Defensa Pública recusó el jueves a los miembros del tribunal de sentencia Sonia Villalba, Rosarito Montanía y Juan Carlos Zárate, porque solo le concedió un poco más de 24 horas para interiorizarse del expediente.
Sin embargo, los camaristas Carlos Ortiz Barrios, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez advirtieron al defensor público González que en caso de no colaborar con el desarrollo normal de la audiencia del juicio, se le aplicarán sanciones (hasta 100 días multa) previstas en el Art. 114 del Código Procesal Penal.
Los camaristas advierten que la utilización abusiva del derecho, tal como lo está intentando en esta oportunidad, tendrá para el mismo la sanción que corresponda si se constata su actitud obstruccionista y contraria a la buena fe.
Agregan que la recusación no es la vía que debe utilizar como estrategia de defensa, interrumpiendo con ello la continuidad del juicio para la búsqueda de la verdad, que es el objetivo del proceso.
La Cámara de Apelaciones hace un recuento de todas las recusaciones promovidas por Gamba y Portillo, y rechazadas en todas las instancias.
La disposición que advierte al defensor público González con sancionarlo fue oficiada a la Defensoría General, para su anotación, así como a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.
Prosigue esta siesta
El tribunal de sentencia dispuso que el juicio oral por cohecho pasivo continuará esta siesta, a partir de las 13:00.
Se debe tener en cuenta que los constantes e interminables recursos dilatorios de las defensas paralizaron el juicio oral desde hace cuatro años.
Antecedente del cohecho
- La causa por coima se inició el 3 de junio de 2009, cuando Gamba y el abogado Portillo –quien ofició de nexo– solicitaron primeramente US$ 150.000 al exdirector de Itaipú Víctor Bernal (entonces senador) para “blanquearlo” de un proceso penal. Cobraron US$ 90.000 y la entrega fue filmada con cámara oculta. El actual fiscal de la causa es Luis Piñánez.