Condenan a dos “motochorros” que balearon a universitaria en Luque

Un tribunal condenó ayer a la pena de 20 años de cárcel a Julio César Aponte Fariña, autor del disparo en el rostro a la universitaria Camila Cabriza, víctima de “motochorros” frente a su domicilio en abril de 2014. Su cómplice y conductor del biciclo, Enrique Javier Marecos Aguilar, fue sentenciado a 10 años de pena privativa.

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SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). Los jueces Leticia De Gásperi, Óscar Rodríguez Masi y Dina Marchuk encontraron responsable a Aponte (con 9 antecedentes penales) del hecho punible de robo con resultado de lesión grave, mientras que su cómplice Marecos (4 antecedentes) fue sentenciado por robo agravado.

El hecho ocurrió en Luque, el 12 de abril de 2014, cuando la joven llegaba a su casa en compañía de su novio. Los motochorros pasaron varias veces frente a la vivienda de Camila y aprovecharon cuando la joven descendió de su vehículo para robarle la cartera. La víctima se resistió, fue golpeada y recibió un balazo en la cabeza por parte de Aponte, quien sostuvo en el juicio oral que el disparo se produjo de manera “accidental”.

Sin embargo, el tribunal explicó que la violencia se generó desde el momento en que el delincuente sacó el arma de fuego para cometer el ilícito. Además, tuvo en cuenta los testimonios de los médicos que explicaron que Camila se salvó de milagro, ya que el proyectil ingresó a la mejilla y se alojó en el cerebro, donde permanece porque no puede ser extirpado.

Los acusados aceptaron los hechos en sus respectivas declaraciones ante el tribunal y pidieron disculpas a la víctima.

Aponte, en su declaración, dijo que para esa oportunidad compró el arma por G. 70.000 y que lo utilizó con el fin de asustar a la joven y que tenía conocimiento de esa circunstancia su acompañante Marecos. Este último, por su parte, relató que actuó bajo los efectos de estupefacientes y pidió disculpas a la víctima.

Los jueces descartaron aplicar medidas de seguridad de 7 años para Aponte y 3 años para Marecos, a pedido del Ministerio Público, porque son jóvenes y pueden reinsertarse a la sociedad.

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